MenúLa agrupación política y social de Unidos y Organizados, el bloque de legisladores provinciales del radicalismo y desde el Frente Progresista y Social coincidieron en reclamar la “urgente” renuncia del ministro de Seguridad de Córdoba, Alejo Paredes y del jefe de Policía cordobesa, Ramón Frías, en el marco de la investigación por el presunto vínculo policial con el negocio del narcotráfico.
Desde el bloque de legisladores provinciales del radicalismo se reclamó las renuncias de los funcionarios y se exigió al gobernador Juan Manuel De la Sota que ““respete el accionar de la Justicia”.
También el senador nacional del Frente Progresista y Social de la Córdoba, Luis Juez, pidió al gobernador De la Sota por la renuncia de los dos funcionarios y que también “deje de encubrir a la policía”.
El legislador nacional también anticipó va a promover una “denuncia penal” en contra del mandatario provincial y de los funcionarios que tienen responsabilidad política sobre la policía.
Mientras tanto en la medianoche se entregaron ante la Justicia y quedaron en calidad de detenidos los cincos efectivos de la Policía de la provincia de Córdoba, sobre quienes la Justicia Federal había librado órdenes de captura en el marco de una investigación por presunto vínculos con el negocio del tráfico de drogas.
Por pedido del fiscal federal Enrique Senestrari, el juez federal Ricardo Bustos Fierro, ordenó en las últimas horas de ayer una serie de allanamientos en domicilios de los efectivos policiales y dependencias de la Central de Policía, mientras que paralelamente había emitido la orden de detención para los mencionados.
Desde Unidos y Organizados, en tanto se dijo que mientras “los cordobeses observamos pasmados a una institución sospechada de graves hechos delictivos, con miembros de su plana mayor cuya transparencia en su accionar está puesta en cuestión, la conducción política de la provincia reacciona apenas defendiendo el desatino de policías que debieran someterse a su autoridad”.
Los cinco policías que se entregaron en la medianoche del miércoles.
El licenciado jefe de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía de Córdoba, Rafael Sosa, y otros cuatro policías de la misma área, entre los que hay un comisario, quedaron detenidos anoche imputados por los delitos de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad y falsedad ideológica, por orden de la Justicia federal. El fiscal federal Enrique Senestrari dirigió los allanamientos después de que el juez Alejandro Sánchez Freytes librara las capturas, pero los cinco uniformados decidieron entregarse anoche de forma voluntaria en Tribunales federales de Córdoba.
La detención de Sosa constituye un hecho inédito en la historia de la Policía provincial. Es la primera vez que un miembro de la Plana Mayor de la fuerza (en actividad, aunque licenciado) queda arrestado y por graves delitos. Además del comisario general Sosa, los otros arrestados son: el comisario Alfredo Saine, y los oficiales Franco Argüello, Fabián Peralta Dáttoli y Mario Osorio (defendidos por los abogados Facundo Pérez Lloveras y Lucas Guevara).
Las detenciones son resultados de dos cosas: por un lado, las denuncias efectuadas ante la Justicia por el informante policial Juan Francisco “el Francés” Viarnes (señalado por la Justicia como un “agente ilegal encubierto”), quien había dicho que había policías de Drogas Peligrosas que tenían vínculos delictivos con narcos, al tiempo que aseguró que se robaban estupefacientes de los procedimientos y que obligaban a delincuentes a venderlos.
Por otro lado, no menos grave, la detención de Sosa obedecería a su confusa participación en el pago de un rescate por un secuestro extorsivo que sufrió Eugenio Viano, uno de los socios de Palmira, un local nocturno del Cerro de las Rosas. No se descartan nuevos arrestos en las próximas horas.
