A raíz de la renuncia de Víctor Hortel al cargo de titular del Servicio Penitenciario Federal, luego de la fuga de 13 presos del complejo de Ezeiza, un grupo de reclusos dio a conocer una carta en la que respaldó su gestión y destacó la tarea iniciada para la reinserción de las personas condenadas.
Hortel renunció a su cargo tras la fuga y dijo que en la evasión hubo complicidad del personal penitenciario, por lo que fueron separados de sus funciones 19 efectivos. Fue reemplazado en el cargo por Alejandro Marambio, quien ya ocupó ese cargo anteriormente y fue cuestionado por organismos y personalidades dedicadas a la defensa de los derechos humanos.
En su carta, los internos dijeron cuando se ingresaba en una prisión, antes de la llegada de Hortel, estaban expuestos «a un régimen inundado de una corrupción tal, que lo que realmente sucedía era que se acentuaban las condiciones y diversos factores que conducen al delito». Agregaron que «lo que se entendía por (rehabilitación) era un constante atropello a la condición humana, en base a constantes golpizas, abusos, represión sin sentido, violencia psicológica sanciones injusta, abandono de personas, y falta de profesionales que cumplan con responsabilidades óptimas sus funciones psicológicas, sociales y educativas, atropellos a las visitas, y prohibiciones de ingreso a cualquier organismos que viniesen con fines nobles y muchas veces, muertes».
Los internos dijeron que el presupuesto que recibe para la rehabilitación de un solo individuo el SPF, es de 18 mil pesos mensuales, pero que en realidad «el cupo de plazas disponibles para realizar un tratamiento terapéutico adecuado es de no mas de un 5% de respecto a la totalidad de la población carcelaria. Esto sucede por una cuestión muy simple: corrupción.»
Los internos dijeron que «de los 18 mil pesos antes mencionados, si se gastan 1000 pesos por cada interno es mucho. El resto es para engrosar las abultadas cuentas de más de un funcionario perteneciente al SPF, quienes por lo general son amparados por diversos miembros del poder judicial para aplicar con total impunidad su política de “rehabilitación”… entienda que para ellos, cometer todas las atrocidades que cometen contra los individuos que le son confiados significan asegurarse el hecho de cargarnos con un resentimiento tal, que nos aleje de cualquier posibilidad de rehabilitarnos efectivamente, para que volvamos a seguir llenando las cárceles, y por ende, sus bolsillos».
La carta agrega que «esta la realidad que quiso cambiar Víctor Hortel, al asumir sus funciones. El se encargó de hacer respetar nuestro nuestros derechos y muchos de los ma¿ás veteranos de los internos contemplamos con grato sombro, por primer vez en mucho tiempo, que un funcionario público hiciera respetar al pie de la letra lo acordado por la ley 24.660, la cual rige para los interno en un cárcel».
«Hemos visto a varios internos, a los cuales el régimen anterior tildaba de inadaptados, crecer intelectual, emocional y espiritual hasta el punto recambiar para bien. Dejando del lado las facas y aferrándose a la lectura y al estudio, dando un giro de 180 grados al concepto que antes se tenían de ellos.
«Se ha permitido el ingresos de diversas organizaciones y personas, a las cuales varios de nosotros hemos sabido a aferrarnos, aprovechando las oportunidades que vinieron a brindarnos, dando por resultado, que varios de nosotros hoy por hoy podemos a puntar a vislumbrar una verdadera rehabilitación social, hasta el punto que varios ex internos han egresado y se encuentran trabajando legalmente, y con una contención constante para no caer en la actitud delictiva. Han sacado las golpizas, se respetan no solo nuestros derechos, si no también el de nuestros allegados, tenemos acceso a una educación y capacitación laboral como jamás la hemos tenido, y una verdadera oportunidad de cambiar nuestra vidas».