La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal por la represión de la Policía Federal Argentina durante la manifestación pacífica de jubilados y jubiladas realizada el miércoles 18 en la Plaza Congreso.

La protesta, que se convocó para rechazar el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria, tuvo una represión irracional y excesiva.

Según la denuncia, aproximadamente 200 efectivos policiales, que tenían en sus equipos gases irritantes, postas de goma y escudos, impidieron el avance de la manifestación, agrediendo a los participantes con gases y golpes, lo que resultó en al menos diez heridos, entre ellos adultos mayores y una legisladora.

En la denuncia, la CPM señala que el operativo policial no solo fue desproporcionado, sino que también violó las garantías constitucionales y los compromisos internacionales de derechos humanos asumidos por Argentina.

Coordinación

Las fuerzas de seguridad actuaron de manera deliberada y coordinada para dispersar a los manifestantes, quienes se encontraban ejerciendo su derecho a la protesta de manera pacífica.

La CPM solicita que se investigue no solo la responsabilidad de los agentes involucrados, sino también la de los funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación que ordenaron y planificaron estas acciones represivas.

Entre las agresiones denunciadas se incluyen el uso indiscriminado de gases químicos, que afectaron a manifestantes presentes en el lugar, y el empleo de fuerza física contra adultos mayores, utilizando tonfas y empujones, incluso utilizando los escudos, para dispersar la concentración.

El uso de gases químicos en contextos de protesta social constituye una situación de extrema gravedad, ya que no solo es una práctica prohibida por los estándares internacionales de derechos humanos, sino que también pone en peligro la salud y la vida de quienes se manifiestan.

Se repite

Esta metodología represiva se ha repetido en diversas movilizaciones recientes, evidenciando un patrón sistemático de violencia por parte de las fuerzas de seguridad.

Estos ataques, que buscan disuadir la participación ciudadana y criminalizar el ejercicio del derecho a la protesta, se han convertido en una herramienta recurrente.

Entre las víctimas de la represión del miércoles se encuentran principalmente jubilados y jubiladas que participaban de la manifestación, varios de ellos heridos por la exposición directa a los gases irritantes y golpes propinados por la Policía Federal.

Entre las personas heridas también se encuentra Vanina Biasi, legisladora que recibió golpes y empujones.

«Los hechos denunciados representan una grave vulneración del derecho a la protesta y de los principios democráticos que garantizan la libre expresión ciudadana. La represión violenta de una manifestación pacífica de jubilados no solo constituye un acto ilegal, sino también una señal preocupante de retroceso en materia de derechos humanos», sostuvo la Comisión.

«Es imprescindible una investigación exhaustiva y urgente que identifique y condene a los responsables materiales y políticos de estos actos, para evitar que estas prácticas de violencia estatal queden impunes. Solo así se podrá asegurar que el derecho a la protesta, una herramienta fundamental de la democracia, sea respetado y protegido en toda su dimensión», agregó el organismo.

La represión del miércolesse suma a los graves hechos ocurridos la semana pasada, cuando durante otra manifestación pacífica la Policía Federal utilizó gases químicos y balas de goma, alcanzando, entre otras víctimas, a una niña de tan solo 10 años que fue rociada con gas pimienta.

Ante esta situación, la CPM también presentó una denuncia penal para exigir justicia y que se investigue la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad.