López y De Sousa: los dos quedaron detenidos.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 3 de esta capital condenó al extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray a 4 años y 8 meses de prisión y absolvió, por mayoría, a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa en el juicio por supuesta defraudación al Estado en el otorgamiento de planes para el pago del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) a la petrolera Oil Combustibles.

El veredicto lo leyó el presidente del tribunal, Fernando Machado Pelloni, quien, junto a sus colegas Andrés Basso y Javier Ríos, anunció que el 17 de marzo de 2022 a las 16 se darán a conocer los fundamentos.

El juicio, que duró dos años y medio, demandó 81 jornadas de debate que abarcaron unas 280 horas, las declaraciones de 42 testigos y las participaciones de 8 peritos.

Los jueces entendieron que el exfuncionario, quien apelará la medida y por lo tanto no irá a la cárcel, cometió delitos al habilitar el otorgamiento de determinados planes de pagos a la empresa Oil Combustibles, pero desligaron de responsabilidades a los empresarios.

En la parte resolutiva del fallo el TOF dispuso condenar a Echegaray a «cuatro años y ocho meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública», al hallarlo «autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta, agravado por haber sido cometido en perjuicio de la administración pública».

A la vez, por mayoría (Machado Pelloni y Ríos a favor, Basso en disidencia), el TOF absolvió a López y De Sousa y dispuso «levantar las medidas cautelares» dictadas contra ambos, «como así también de todas las personas jurídicas en la que tienen participación».

Dos años de juicio

El fallo se leyó minutos después de las 19 del jueves, tras dos años y seis meses de debate oral que concluyeron a la mañana con las últimas palabras de los tres imputados, que reclamaron su absolución y declamaron su inocencia ante el tribunal.

«No hubo ningún perjuicio fiscal», dio Echegaray ante el TOF 3, al que reclamó un «pronunciamiento absolutorio», porque -según dijo- se trató de una causa que se armó  sin pruebas cuando el titular de AFIP era Alberto Abad.

Echegaray sostuvo que los planes de pago que se dieron a Oil Combustibles fueron «iguales» a los otros 1.648 que hubo durante su gestión en el organismo recaudador, y que durante el juicio -que se suspendió durante varios meses por la pandemia de coronavirus- no se produjo «ninguna prueba» que avalara la acusación.

Durante la mañana también, en el marco de lo que se conoce como «últimas palabras» antes del fallo, el empresario Cristóbal López señaló que la causa judicial en su contra fue parte de una persecución que generó el Gobierno de Mauricio Macri, luego de que él se negara a poner a disposición del expresidente los medios de comunicación del Grupo Indalo.

Aprietes del macrismo

«Nada de esto hubiese pasado si yo hubiese acordado con Macri entregarle los medios para que él los use a gusto», aseveró el empresario.

De Sousa, socio de López, aseguró antes: «Querían quebrar a los medios que daban una visión de país distinto al que ellos querían mostrar».

El juicio comenzó el 13 de junio de 2019 con López y De Sousa con prisión preventiva en la causa, con audiencias presenciales en Comodoro Py 2002 y dos acusadores, la fiscalía y la AFIP en su rol de querellante.

Dos años y medio más tarde y pandemia de Covid-19 mediante, terminó de manera virtual, con los dos empresarios en libertad y con una única acusación, la del fiscal Juan García Elorrio, tras el desistimiento de la AFIP.

La AFIP desistió de su rol de querella penal y civil luego que Oil Combustibles adhirió este año a un plan de pagos para regularizar la deuda del ITC y se levantó su quiebra.

El debate se suspendió durante casi cinco meses desde el inicio del aislamiento social por el coronavirus en marzo de 2020 y pudo reanudarse en forma remota por la plataforma Zoom en agosto de ese año.