Al cumplirse 45 años del golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976, recibieron condenas por crímenes de lesa humanidad 1025 represores con 254 sentencias.

Según informó el sitio Fiscales, que depende la Procuración, existen 626 causas en todo el país en las que se investigan los delitos del terrorismo de Estado, de las cuales 278 se encuentran en etapa de instrucción, 254 obtuvieron sentencia, 73 están elevadas a juicio y 21 se encuentran actualmente con el debate en curso.

Desde la reapertura de los procesos un total de 3490 personas quedaron bajo investigación penal. El 25 por ciento están privadas de la libertad; en su mayor parte, en arresto domiciliario, informó la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a cargo de la fiscal federal Ángeles Ramos.

Desde 2006 -cuando se celebraron los dos primeros procesos orales y públicos tras la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que impulsó el gobierno de Néstor Kirchner- suman 1025 las personas que recibieron condenas.

Las cifras

Otras 165 personas resultaron absueltas. Mientras tanto, hay 618 procesadas, 623 solamente imputadas, otras 104 fueron sobreseídas y hay 169 con falta de mérito, es decir con una situación aún no definida.

Tampoco está definida la situación de otras 42 personas indagadas sobre las que aún no hubo resolución de mérito, mientras que suman 29 los prófugos y prófugas. A lo largo del proceso de verdad y justicia fallecieron 715 personas antes de que se dictara sentencia a su respecto.

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Estas variables desagregadas conforman el universo de 3490 personas investigadas por delitos de lesa humanidad desde la reapertura de las causas.

De todas ellas, hay 1661 personas -es decir, un 47% del total- que transitan los procesos en libertad, mientas que 859 -un 25%- se encuentran privadas de su libertad.

De las que tienen condena, 636 cumplen el arresto en su domicilio. Esta modalidad de detención predomina desde 2016.