Las investigaciones contra el médico que recetó dióxido de cloro a un paciente que falleció y al juez que ordenó su suministro avanzan en forma paralela.

Hoy se conoció un pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura contra el juez  Javier Pico Terrero, que presentaron varias asociaciones profesionales, y anoche se produjo el allanamiento del consultorio del médico Dante Coverti.

La denuncia  contra el juez se presentó ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura y se pidió que «en el momento procesal oportuno se impongan las máximas sanciones».

Entre las denunciantes están la Fundación Huésped, la Asociación Metropolitana de Medicina Familiar, la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, y la Sociedad Argentina de Infectología.

Desempeño negligente

«Resulta evidente el desempeño apresurado y negligente del magistrado denunciado, toda vez, que más allá de la premura necesaria para dictar una medida cautelar, omitió haber consultado a los organismos correspondientes, como el propio Cuerpo Medico Forense y las sociedades científicas con competencia en la materia», sostienen los denunciantes.

Remarcaron que «Incluso una rápida consulta en cualquier buscador de internet, habría permitido al Magistrado conocer los peligros y advertencias que instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnologías (ANMAT), han hecho con relación al producto cuya aplicación él ordenara en forma perentoria» al sanatorio Otamendi.

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Además, advirtieron que el magistrado denunciado «con tan solo una receta formulada por un médico que se presenta como especialista en neurocirugía, resuelve obligar a la institución donde se encuentra internado el paciente, a arbitrar los medios conducentes para la implementación del tratamiento indicado, consistente en una sustancia altamente tóxica para la salud».

«En este punto conviene advertir, según se desprende de la documental adjunta, que el mencionado médico no solo no es especialista en neurocirugía, sino que al mismo tiempo aunque lo fuera, debería haber advertido el magistrado que dicha especialidad médica se encuentra lejos de su ámbito de competencia la indicación de una formulación para el tratamiento de una enfermedad infecciosa», sostuvieron los especialistas.

Allanamiento en el consultorio

Al mismo tiempo, el médico que recetó el dióxido de cloro a un paciente con coronavirus, que luego murió en el Sanatorio Otamendi, quedó imputado en una causa penal que tramita en el fuero federal porteño por la denuncia del Ministerio de Salud.

La causa quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello, que está de turno durante la primera quincena de la feria judicial de enero, quien anoche ordenó el allanamiento al consultorio de Dante Coverti, que resultó «positivo».

Según explicaron a Télam los pesquisas, la investigación se inició por una denuncia ante la Policía «como un hecho de prevención», y el objetivo del procedimiento fue «preservar la prueba» que se llevó al tribunal con sede en Comodoro Py 2002 donde la analizarán.

Historias clínicas

Esta denuncia está vinculada a la supuesta prescripción de un medicamento no autorizado al paciente Oscar García Rúa y que tendría «carácter nocivo» para la salud, un tipo de delito que se investiga en la Justicia federal.

Por ello, el médico ya se lo investiga aunque todavía no se formuló una calificación concreta del delito que podría atribuírsele, precisaron las fuentes.

Además, durante el allanamiento que se inició poco después de las 21 y culminó a las 23, la Policía secuestró historias clínicas y recetas de dióxido de cloro, entre otras evidencias encontradas en el consultorio del neurocirujano ubicado en Ayacucho 626, de la ciudad de Buenos Aires.