Rosenkrantz respondió a las críticas.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, se consideró «blanco de una persistente campaña de desprestigio».

Rosenkrantz se pronunció así en una carta que envió a algunos medios de comunicación, luego de que se conociera un pedido de juicio político en su contra formulado por la diputada nacional del Frente de Todos, Vanesa Siley.

La legisladora apoyó su planteo en la actuación de Rosenkrantz en la causa de la «Noche del Apagón» del Ingenio Ledesma y en los «compromisos políticos y económicos» del magistrado «con corporaciones y personas vinculadas a la responsabilidad civil en la última dictadura militar».

El pedido de juicio político se presentó la semana última ante la Cámara de Diputados y tiene como principal argumento el «mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones».

Complicidad del juez

Se atribuye al magistrado la complicidad en diferentes delitos de lesa humanidad y en los conflictos de interés que tiene como presidente de la Corte.

Siley dijo que que su pedido de juicio político se presentó hace dos semanas, es decir «antes de que resolvieran» el «per saltum» de los tres jueces que resisten volver a sus tribunales.

Opinó que «el retardo de justicia hace que muchas veces desde el Poder Judicial se imparta injusticia» y, en este sentido, abordó la causa Ledesma.

Además mencionó a empresas y entidades como la Sociedad Rural Argentina, JP Morgan, Celulosa Argentina, Coca Cola, Techint, entre otras, como clientes del titular del tribunal supremo y se preguntó «qué intereses defiende el magistrado en cuestión».

Campaña

«Hace tiempo soy blanco de una persistente campaña de desprestigio en distintas publicaciones y por parte de distintas personalidades. Me atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza», se defendió el presidente de la Corte.

En ese texto, cuestionó la veracidad de imputaciones realizadas por el Juzgado Federal 4 en cuanto a que él posee «71 cuentas en el exterior», a su nombre, «para cobrar sobornos en numerosos paraísos fiscales».

«Antes enfrenté otras dos acusaciones penales: una por el delito de prevaricato por haber firmado el fallo ‘Muiña’ (en el que se discutía la aplicabilidad de la ley denominada del 2×1) y otra por ser partícipe durante el tiempo en que ejercía la profesión de abogado en una quiebra fraudulenta de una empresa que tenía una franquicia de una hamburguesería en Pinamar y Villa Gesell. Ambas fueron desestimadas por el juez Rafecas», detalló.

«Ahora una diputada oficialista presentó un pedido de juicio político en el que considera configurada la causal de mal desempeño que habilitaría la apertura del procedimiento en la Cámara de Diputados para investigar esos hechos y, en su caso, avanzar con mi destitución», agregó.

Antecedentes

Entre otras objeciones, Rosenkrantz señala que Siley lo acusa de haber frustrado «gravemente el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución al haber favorecido y muchas veces asegurado la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado mediante sentencias contrarias al derecho vigente».

«Es curioso que se me acuse ahora por la sentencia de ‘Muiña’, que fue dictada hace tres años y que también firmaron otros dos jueces», advirtió en su carta Rosenkrantz.

Sin embargo, en 2017 hubo tres pedidos de juicio político a los jueces de la Corte Suprema Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti, por parte de diferentes bloques de diputados, relacionados con el fallo del máximo tribunal por el 2×1 a represores.

La causa Blaquier

«Contrariamente a lo que afirma la diputada denunciante, los lineamientos jurídicos defendidos en mis decisiones sobre el 2×1 (tanto en ‘Muiña’ como en ‘Batalla’) encuentran su apoyo en la Constitución Argentina, en el derecho interamericano y el derecho internacional de los derechos humanos. Los argumentos están en los fallos y no quiero repetirlos aquí», sostuvo.

También, Rosenkrantz aludió a la causa Blaquier, un expediente que -dijo- «está en trámite», que tuvo en estudio sólo «en 2 oportunidades» y para el cual además consideró «completamente absurda» la hipótesis de que pesaran en su actuación como juez los vínculos laborales de su esposa con un sobrino del acusado.

«Tal como surge del Sistema de Gestión Judicial (LEX 100), el expediente ingresó a la Corte Suprema el 5 de junio de 2015, es decir, más de un año antes de mi incorporación como Ministro el 22 de agosto de 2016. Por otro lado, tuve la causa en estudio en dos oportunidades: del 2 de mayo de 2019 al 11 de julio de 2019 y luego entre el 5 de agosto de 2019 y el 15 de noviembre de 2019», indicó.

Añadió que, «al devolver el expediente el 15 de noviembre de 2019 solicité a la Secretaría Judicial 3 que la causa siguiera su trámite».

«No volví a solicitarla y no hubo obstrucción de ningún tipo. De los 53 meses que transcurrieron con el legajo en la Corte, la causa solo estuvo en mi Vocalía menos del 10% del tiempo total», manifestó el juez en su carta de 5 carillas que envió a un grupo de medios.