Un procedimiento antidrogas de la Federal.

Entre 2018 y 2019 las causas por tenencia simple de estupefacientes se incrementaron un 84 por ciento de acuerdo con datos oficiales.

Esas cifras demuestran que durante el gobierno anterior la declamada guerra contra los drogas se concentró en los usuarios y pequeños consumidores.

El dato fue dado a conocer durante la presentación de los resultados del Informe 2019 del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC).

El informe consigna que desde 2015 hasta el año pasado hubo un aumento en el total de hechos delictivos y que el 55% de las denuncias fueron por delitos contra la propiedad.

La Dirección Nacional de Estadística Criminal, a cargo de Ángela Oyhandy, del Ministerio de Seguridad, es la que se encarga de recopilar los datos.

Aumento de hechos delictivos

De acuerdo al comunicado, el Informe plasma los resultados de los delitos a nivel país desagregados por provincias y mostró que durante el período 2015-2019 existió un «aumento en el total de hechos delictivos».

En ese sentido se detalló que las denuncias están compuestas en un 55,5% por delitos contra la propiedad; un 17,4% vinculadas al delito contra las personas; y una la tercera categoría que incluye el resto de los delitos, como amenazas y lesiones o infracciones a la Ley 23.737.

Respecto a esta ley de drogas, Oyhandy indicó que «hubo un crecimiento espectacular de hechos y denuncias, con gran concentración en la tenencia simple atenuada para uso personal, situación que creció un 84% entre los años 2018 y 2019».

Justamente esta semana se cumplieron 30 años de la sanción de la Ley 23.737, la llamada ley de drogas, que pese a lo que se cree aun penaliza la tenencia de drogas para consumo.

No perseguir a las víctimas

«Necesitamos que los esfuerzos de persecución penal se centren en las grandes organizaciones de tráfico de drogas y no en sus víctimas, en consumidores o quienes necesitan la sustancia por razones de salud», dijo esta semana la titular de la Defensoría Oficial, Stella Maris Martínez.

En ese sentido, también sostuvo que «es urgente que haya un tratamiento legislativo del cultivo de cannabis por razones de salud», para desvincularlo de la persecución penal.

Martínez remarcó además la necesidad de que se incluya en la ley de drogas una cláusula de exención de la responsabilidad penal para los casos en que se determine que quien transporta estupefacientes -sobre todo el transporte que realizan las llamadas «mulas»- ha sido víctima del delito de trata de personas.

Ana Clarisa Galán Muñoz, coordinadora general de la en Salta, dijo que «las cárceles del NOA están llenas de los últimos eslabones de las organizaciones de narcotráfico, que usan a mujeres necesitadas, a personas con discapacidad y en muchos casos analfabetas, para distraer a las autoridades cuando se trasladan grandes cargamentos de drogas.»