Por Alejandro López Accotto*

Con la crisis de 1930, se produce en Argentina una baja muy importante en la recaudación tributaria nacional basada entonces en el comercio exterior. Se crean nuevos impuestos a nivel nacional y se suprimen tributos similares que cobraban las provincias. En ese contexto (en 1934), para compensar a las provincias, se crea un mecanismo de distribución de recursos, conocido como coparticipación.

En una primera etapa el mecanismo tiene un alto componente devolutivo: la Nación recauda y una parte de lo recaudado se transfiere a las provincias según lo que se haya recaudado en cada una de ellas.

Este criterio de devolución en un país tan desigual como la Argentina no permite que el Estado nacional redistribuya según las necesidades de cada territorio y perpetúa las desigualdades. Por eso se producen diferentes cambios en la coparticipación hasta que en 1973 se promulga una ley con criterios proporcionales (población) y distributivos (mayor proporción de recursos para las provincias con mayor atraso en términos de desarrollo y bienestar).

Al disminuir los recursos a distribuir y transferir algunos servicios de salud y educación a las provincias, sin contrapartida financiera, la dictadura militar alteró las condiciones establecidas en 1973. Ese régimen caducó en 1985, en condiciones de inestabilidad política seria y de incipiente consolidación de la democracia.

Régimen transitorio

En ese marco, el gobierno de Alfonsín privilegió acuerdos de gobernabilidad y estableció un régimen transitorio de reparto, basado en coeficientes fijos para cada provincia, con un aumento importante de la proporción a repartir entre las provincias en detrimento de la Nación y con una baja de la participación en el reparto de la provincia de Buenos Aires.

Los sistemas de coparticipación deben modificarse en el medio/largo plazo ya que las condiciones de cada provincia pueden cambiar así como los criterios o indicadores pueden quedar desactualizados. Al establecer coeficientes fijos de reparto para cada provincia el sistema dejó de ser dinámico, lo que se agravó al perder su carácter de transitorio y pasar a convertirse en definitivo por el paso del tiempo (casi 40 años en lugar de 2, como previsto).

Esto generó situaciones diversas que debieron resolverse con modificaciones de distinto tipo. Se agregaron al reparto dos nuevas jurisdicciones, Tierra del Fuego y CABA y la provincia de Buenos Aires quedó postergada no sólo por la reducción del año 1986 sino porque la dinámica de evolución territorial en la provincia de Buenos Aires refleja que debería recibir una proporción mucho mayor de recursos que la que actualmente recibe.

Recursos en exceso

El gobierno de Macri, con el razonable argumento de pasar a CABA fondos para cubrir el traspaso de la policía a esa jurisdicción, transfirió recursos que claramente excedían esa necesidad. Es decir que el origen del conflicto actual no está en que se le sacan a CABA recursos sino en que se le hayan dado recursos que no correspondía otorgarle.

Frente a esa situación el gobierno actual debe recuperar los recursos mal asignados, que eran de la Nación, y tiene la potestad de distribuirlos en función de las necesidades de una provincia como la de Buenos Aires, que todos reconocen que ha quedado postergada y que los necesita.

*Licenciado en economía, especialista en temas fiscales de la Universidad Nacional General Sarmiento (UNGS).