Por Ricardo Ragendorfer

El sujeto que acababa de votar en una escuela de San Isidro huía por una calle arbolada con pasitos cortos y veloces. A sus espaldas le gritaban: “¡Santiago Maldonado, presente!”. Su pareja, un tipo de porte atlético y barba entrecana, se interponía entre él y los escrachadores, volteándose cada tanto para chillar “¡Está ahogado!”, mientras el otro apuraba aún más el tranco. Era nada menos que el entonces funcionario del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti. De tal manera sobrellevó la jornada electoral del 27 de octubre de 2019. Y aquella fue su última aparición pública.

Ahora acaba de ser acusado penalmente por el Gobierno Nacional a raíz de su responsabilidad en la muerte de Santiago, al concluir una investigación iniciada el 22 de enero pasado por la Gendarmería a pedido del Ministerio de Seguridad. Dicha pesquisa plantea que Noceti impartió órdenes “ineficaces e ilegales” el día de la represión a la Pu Lof de Cushamen, cuando desapareció el artesano, y que los jerarcas ministeriales del macrismo luego armaron una “ingeniería jurídica de la impunidad”. La denuncia se extiende hacia el ex jefe máximo de la Gendarmería, Gerardo Otero, y su segundo, Ernesto Rubino. La presentación fue efectuada en los tribunales federales de Comodoro Py, y recayó en el juzgado a cargo del doctor Sebastián Casanello. El asunto salpica a la ex ministra Patricia Bullrich.

Noceti es un individuo de hábitos casi espartanos y bajo perfil. Por eso fue paradójico que tras exactamente un año de silencioso trabajo en la función pública su nombre haya saltado a la luz el 13 de diciembre de 2016 por un desliz jolgorioso de su jefa, la inefable Patricia.

Hasta entonces Noceti supo circular como un fantasma por los pasillos ministeriales. Era consciente de que su profuso desempeño como defensor de represores y apologista de la última dictadura le podría jugar en contra.

Ya el 30 de agosto de aquel año el Ministerio de Seguridad elaboró un informe de gestión con el siguiente andamiaje argumental: los reclamos de los pueblos originarios no constituyen un derecho garantizado por la Constitución sino un delito federal porque “se proponen imponer sus ideas por la fuerza con actos que incluyen la usurpación de tierras, incendios, daños y amenazas”. Una dinámica cuasi subversiva, puesto que –siempre según ese documento– “afecta servicios estratégicos de los recursos del Estado, especialmente en las zonas petroleras y gasíferas”.

Ese paper fue fruto del puño y la letra de Noceti, quien 20 días antes había sido detectado en Esquel por la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI). Tal revelación provocó su segundo traspié: ser sorprendido por un reportero gráfico del medio Noticias de Esquel durante el juicio por la extradición a Chile del líder mapuche Facundo Jones Huala. Su fotografía fue publicada esa misma tarde.

Entonces le fue imposible eludir una entrevista con Radio Nacional de aquella ciudad en la que blanqueó sus intenciones: “Evaluar la comisión de un delito federal, porque acá hay un grupo que pretende atemorizar a la gente con el método de la violencia”. Fue el inicio de la estigmatización del inexistente movimiento Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Ya en ese instante él se jactó de poder encarcelar a sus integrantes sin orden de un juez, en base a una interpretación algo antojadiza del artículo 213 bis del Código Procesal, referido a situaciones que ponen en riesgo la seguridad interna de la Nación.

A partir de aquel día en Esquel, El Bolsón y otras localidades aledañas comenzaron a circular caras extrañas: personal encubierto de Gendarmería y la Policía Federal, junto con agentes de la AFI. Sin mucho disimulo todos ellos espiaban a la población, algo prohibido por la ley de inteligencia Nº 25.520. En medio de esa tensa calma transcurrieron los siguientes cuatro meses.

Noceti había activado una bomba de tiempo.

En este punto es necesario anclarse en el 31 de julio de 2017.

Ese lunes, en representación de la ministra, Noceti convocó en un salón del hotel Cacique Inkayal, de Bariloche, a jefes de todas las fuerzas federales y provinciales con asiento en Río Negro y Chubut; entre ellos, los titulares de los Escuadrones 35 y 36, además de sus secretarios de Seguridad. Ese selecto auditorio asimiló su arranque no sin un gran azoro: “Si violan a mi mamá, voy a actuar”. Así, con la voz en falsete, resumió su plan de “provocar” una situación de “flagrancia” en el territorio mapuche de Cushamen para embestir contra sus pobladores sin la burocrática intermediación de un juez. El tipo se exhibía fanatizado y torpe. Se tropezaba con las palabras. Es muy posible que algunos de los asistentes del cónclave advirtieran en sus dichos el germen de un acto irreparable. De hecho, los funcionarios provinciales y los jefes de sus policías se desmarcaron del desequilibrio de Noceti al punto de esquivarlo a partir de entonces, además de no participar en ningún operativo. Pero ese no fue el caso de los gendarmes. Ni de sus jefes Otero y Rubino.

A primera hora del martes Noceti partió de Bariloche en una camioneta blanca con una tira de lucecitas led en la trompa. Cerca de las 11:30 se detuvo ante la tranquera de la Lof al ocurrir el virulento ingreso de la Gendarmería..

Ya se sabe que la irrupción de esa fuerza fue bestial: unos cien efectivos armados con pistolas y escopetas que se abrían el paso gatillando a mansalva postas de goma y plomo sobre apenas ocho jóvenes, entre los cuales estaba Santiago. Así se inició una fuga dramática bajo el inequívoco estampido de los disparos. Aquella fuga que se extendió hacia el río –tal como lo prueban con claridad las filmaciones y los cartuchos recogidos en el lugar, junto a los WathsApp de los atacantes–. Fue allí donde Santiago terminó acorralado por un grupo de uniformados. Ya no es más un misterio que él quedó sumergido en ese cauce gélido, a donde jamás se hubiera metido por propia voluntad.

Ya pasado el mediodía, Noceti –quien había estado en la Pu Lof antes, durante y después del operativo, detentando su mando estratégico– tuvo a bien visitar al juez federal Guido Otranto en Esquel. Allí hubo el siguiente diálogo:

–Le adelanto que Gendarmería actuó sin orden judicial –soltó Noceti– porque, usted sabe, con la figura de flagrancia nos basta.

–Vea –contestó Otranto–, con eso usted puede despejar la ruta. Pero no entrar al territorio mapuche. Para eso necesitaba una orden mía…

Noceti insistió con el criterio de la autonomía de las fuerzas. Y remató:

–De todos modos, el operativo ya está hecho.

Dicen que por toda reacción, el juez se quedó en el molde. Ese hombre no estaba dispuesto a malograr su candidatura para presidir un tribunal oral en la ciudad de General Roca.

En ese instante Santiago ya estaba muerto.

Fuente: Tiempo