Conte Grand y Ferrari, en el centro de la foto.

Por Rafael Saralegui

La situación en el fuero penal del Departamento Judicial de Lomas de Zamora es explosiva. Por la población y la cantidad de expedientes se trata del distrito judicial más importante de la provincia de Buenos Aires. Esos dos datos deberían alcanzar para destinar todos los recursos necesarios para garantizar su funcionamiento. Pero no es así.

Las denuncias cruzadas entre funcionarios del Ministerio Público, jueces, peleas, pases de facturas, influencias políticas, el desembarco de servicios de inteligencia para aprietes y armados de causas han puesto todo patas para arriba durante los últimos años.

El viernes de la semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires decidió por mayoría suspender en sus funciones al fiscal general de Lomas de Zamora, Enrique Bernardo Ferrari, durante 90 días a pedido del Procurador General, Julio Conte Grand, ex secretario general de la Gobernación durante la gestión de María Eugenia Vidal. 

Es decir, que hizo el salto desde el Poder Ejecutivo al Judicial sin más credenciales que su pertenencia a Cambiemos. Pero antes desde el gobierno provincial se la obligó a renunciar María del Carmen Falbo, la entonces titular del Ministerio Público de la provincia, que en su momento había sido nombrada por el peronismo y había sobrevivido a los sucesivos gobiernos.

El loco Ferrari

El suspendido fiscal Ferrari es un personaje controvertido. Algunos lo llaman El Loco y él lo sabe. Muchos lo acusan de maltrato y de ser autoritario. “Es un desconcierto total”, dijo un fiscal al ser consultado sobre la suspensión del superior. “Algunos dicen que se hizo Justicia”, agrega. 

Es que la mayor parte de los fiscales del departamento han tenido sus encontronazos con Ferrari. Pero también está presente que en Lomas de Zamora también ocurrieron maniobras de aprietes como las que se realizaron en los últimos años en la justicia federal nacional.

Ferrari tuvo que enfrentar dos peleas antes de la suspensión de la Suprema Corte. Estaba rodeado. Tenía un abierto enfrentamiento con Conte Grand, su jefe, y con Sebastián Scalera, su segundo. 

Scalera estaba a cargo de una fiscalía especial de delitos complejos que fue disuelta por Ferrari un par de semanas atrás, cuando denunció que se había utilizado para armar causas, apretar inocentes, y notificó de la situación al juez federal Federico Villena, entonces a cargo de una de las causas de espionaje ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Arribas y Majdalani.

Espionaje ilegal: la pelea entre fiscales en Lomas de Zamora y la denuncia contra Conte Grand por armar causas

Arribas y Majdalani están a punto de ser procesados por el juez federal Juan Pablo Auge, en otra de las causas por espionaje ilegal, la que se llevó adelante contra el Instituto Patria. El juez de Garantías de Avellaneda Luis Carzoglio denunció en su momento que desde la AFI que dirigían Arribas y Majdalani, le habían enviado dos agentes para ordenar el arresto de Pablo Moyano, dirigente del Club Independiente y del sindicato de Camioneros.

El desembarco de agentes en el distrito judicial de Lomas de Zamora también aparecen en varias denuncias: lo ocurrido con Carzoglio no parece ser algo excepcional. Carzoglio está suspendido en sus funciones.

Denuncia ante la Corte

Antes de ser suspendido, Ferrari había denunciado a Conte Grand ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia, que ahora lo suspendió y ante la justicia penal. También había denunciado a Scalera, a quien él mismo había designado como su segundo. Se supone que sin entonces le había dado ese cargo es porque le tenía confianza. Le tenía. Algo se rompió en los últimos dos años y se desató la guerra.

En la denuncia que le envió al juez federal Villena, Ferrari sostuvo que Scalera y otros fiscales que le responden “habrían iniciado investigaciones con objetos de inclinarlas a sus intereses políticos y/o generando IPP con el fin de perseguir a políticos, sindicalistas, Magistrados y Funcionarios, (Doctrina de “Lawfare”), entre otros, en donde han participado Funcionarios de la Agencia Federal de Investigaciones de manera, cuanto menos irregular, en consonancia con lo denunciado por diferentes magistrados de Lomas de Zamora, tales los Dres. Carzoglio y Vitale”.

El fiscal general de Lomas puso además en conocimiento de Villena sobre “las denuncias realizadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires contra el señor procurador general Dr. Julio Marcelo Conte Grand y a otros magistrados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal; como coautores o partícipes de la necesaria aquiescencia para la configuración de las maniobras y resultados a mi entender delictuosos”.

Pero la Suprema Corte le dio la espalda a Ferrari y lo suspendió a pedido de Conte Grand, su jefe, quien además inició un proceso de jury contra el fiscal general de Lomas de Zamora. Lo más interesante del fallo del supremo provincial no está en el voto de la mayoría sino en el voto solitario del juez Eduardo De Lázzari, quien no respaldó la decisión de su colegas de suspender a Ferrari, cuestión que debería ser resuelta en todos en su juicio político.

El voto de De Lázzari

En el comienzo de sus voto, De Lázzari advierte que “la primera circunstancia destacable, de la que tenemos noticia por comunicaciones provenientes tanto del Dr. Ferrari como del Sr. Procurador General, es la existencia de un notable conflicto suscitado entre ambos, caracterizado por decisiones de la Fiscalía departamental a la postre revocadas por la Procuración, incidencias de recusación, peticiones incontestadas, comunicaciones diversas y, finalmente, la promoción de una denuncia penal contra el titular del Ministerio Público, de un lado, y presentación propiciando el enjuiciamiento del Fiscal General, por el otro”. 

Y advierte que no quiere referirse, aunque las anota, “al intercambio complementario y recíproco de acusaciones cruzadas entre ambos funcionarios, relativas a contactos con espías, servicios de inteligencia, relaciones políticas y presiones indebidas a los jueces, por una parte, y a ciertas actitudes que se califican como intimidantes a través de estados de whatsapp supuestamente amenazadores, que por infantiles más que temor producen hilaridad, por la otra)”.

De Lázzari hace una enumeración de las sucesivas denuncias entre fiscales, jueces de garantías del fuero penal, jueces de otros fueros, magistrados de tribunales orales, particulares, detenidos en causas resonantes como las de La Salada, que involucran a los mismos integrantes del mismo Departamento Judicial de Lomas de Zamora, lo que muestra un evidente estado de sospechas generalizada entre quienes deben ser los encargados del servicio público de administración de Justicia, en ese distrito.

Espionaje del fiscal

El voto del juez De Lázzari es el más extenso: fundamenta porque Ferrari no debe ser suspendido y repasa además lo ocurrido en Lomas de Zamora durante los últimos años, donde ocurrieron mecanismos similares a los que se vieron en la Justicia federal, donde las causas en trámite eran ventiladas casi al mismo tiempo en los programas de televisión de periodistas ultramacristas.

Uno de los puntos más inquietantes del voto del juez De Lázzari, se refiere a la denuncia que hizo en su momento el juez de Garantías, Gabriel Vitale. Dice en forma textual:

“Que existen actividades de espionaje en cabeza del Dr. Sebastián Scalera. En este sentido, señala que «la Fiscalía General de Lomas de Zamora inicia investigaciones, determina cuales son principales y accesorias violentando principios de competencia y jurisdicción sin ningún tipo de disimulo. En este sentido, dentro de sus supuestas facultades, libra oficios a la Subsecretaría de Informática de la Procuración General a los efectos de realizar auditorías del sistema SIMP e ingresar de manera ilegal a las carpetas, textos, archivos y causas de los Juzgados de Garantía. Ahora bien, en base a los resultados, determinan cuando los Juzgados de Garantías crean, modifican, firman, imprimen el texto, cantidad de caracteres en cada una de las resoluciones observadas y a partir de allí determinar si el magistrado se encontraba presente en ese momento para poder firmarla. Como si esto fuera poco, se atribuyen la posibilidad de obtener los registros fílmicos de las cámaras de seguridad, de los pasillos y de las mesas de entrada que les interese, para visualizar el ingreso y egreso de personas y por supuesto magistrados.». Agrega que estos medios probatorios son utilizados por el Dr. Sebastián Scalera para formular denuncias penales por falsedad ideológica”.