Aguad fue indagado por el juez Lijo.

La fiscal en lo comercial Gabriela Boquín volvió a reclamar que no hayan más dilaciones en el concurso de la empresa Correo S.A., perteneciente a la familia Macri, que se avance en el proceso de salvataje o eventual quiebra de la compañía, de manera que no se sigan afectando los intereses del Estado, que es el principal acreedor en un largo trámite que se inició hace 18 años sin haber cobrado todavía un peso.

En el sesgado balance de su actuación en estos cuatro años el presidente Macri sostuvo este jueves que la Justicia había mejorado porque se habían acelerado los procesos. Pues bien nada de eso ocurrió en el concurso de la empresa que pertenece a su grupo familiar, una y otra vez los representantes de la compañías dilataron las propuestas de pago e hicieron todo lo posible para apartar a la fiscal Boquin del trámite del concurso.

Pero las dilaciones para resolver el fondo de la cuestión no sólo fueron responsabilidad de la empresa. Los representantes del Estado, que dependen de Macri para intervenir en una causa en contra de la familia Macri, hicieron lo propio. Por ejemplo, dijo Boquín, el procurador del Tesoro se tomó dos años para responder a una presentación de la empresa y pedir nuevas aclaraciones.

Los jueces también son responsables de las demora. Por ejemplo, el juez federal Ariel Lijo tiene en su poder hace más de dos meses el expediente original del concurso, cuando el plazo máximo previsto es de cinco días. Lijo tiene una causa en la que investiga a los funcionarios del Estado, encabezados por el ex titular del Enacom Oscar Aguad, por haber aceptado un acuerdo que la fiscal denunció como abusivo.

Expediente parado

Según diversos medios, Lijo habría pedido un informe técnico sobre el acuerdo del 28 de junio de 2016, que fue denunciado por Boquín. La fiscal pidió a la Cámara Comercial que ordene al juez la devolución del expediente y que en todo casa saque copias para llevar adelante el informe requerido. Las camaristas Matilde Bellerini y María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero hicieron lugar al pedido y le pidieron a Lijo que les devuelva las actuaciones.

En una de las últimas presentaciones, la empresa se ofrece a pagar al Estado 297 millones de pesos en un pago, que era el monto de 2003, pero sin actualización de intereses y aceptaba pagarlo si ganaba los juicios iniciados contra el Estado. El cálculo de la deuda estimada por Boquín es de 4500 millones de pesos. Además se agrega que la AFIP le reclamaría al Correo el pago de otros 600 millones de pesos por el no pago del impuesto a las ganancias durante varios años.

“Se han dilapidado cuantiosos activos a lo largo de la inusitada extensión que se ha dado al trámite de su concurso en abierta violación al principio de igualdad ante la ley respecto de otros concursados, no siendo posible seguir elongando los plazos en infracción a la normativa concursal, a la preclusión y cosa juzgada”, se lamentó la fiscal en un dictamen anterior y que volvió a citar ahora, en la presentación efectuado el 27 de noviembre y que ayer fue publicada en Fiscales, el sitio del Ministerio Público.

Demora injustificada

Y al responsabilizar a los abogados del Estado por la dilación del concurso, sostuvo que “el Procurador del Tesoro de la Nación, a través del decreto 201/2017 ha pretendido justificar esta dilación de más de dos años, lo cual es irrazonable porque, en pos de una supuesta transparencia se perjudica al Estado Nacional y se beneficia a la concursada”. 

“Es inaceptable que en un trámite en el que el Estado Nacional sea parte se desnaturalice el proceso concursal por la existencia de conflicto de intereses y tampoco se puede admitir que -por los mismos- se termine beneficiando, con elongación de plazos, el no pago de los créditos y sin sufrir las consecuencias propias de un concurso fracasado, a aquel por el que -supuestamente ante la existencia de ese conflicto- debería aplicársele la normativa legal con el mayor rigor a los fines de evitar sospechas en pos de la transparencia generando así mayor confianza en las instituciones jurídicas y republicanas por parte de todos los ciudadanos. En definitiva, pareciera que en base al decreto 201/17 por los conflictos de intereses existentes, se estaría beneficiando a la concursada, lo cual es justamente lo que el decreto buscaría evitar, debiendo ser éste un parámetro de interpretación que el Procurador del Tesoro no tiene presente”.