¿En qué momento un funcionario deja de ser una persona? ¿Cuándo deja de ser un hombre con algún grado de sensibilidad para ejecutar una orden sin importarle las consecuencias? ¿Podrá luego llegar a la noche a su casa, darle un beso a sus hijos e irse a dormir como si nada? ¿Después de haber ordenado la expulsión del país de una mujer y separarla de sus hijos pequeños? ¿La burocracia anestesia a las personas?

No es posible dejar de hacerse estas preguntas después de conocer la historia de Vanessa Gómez Cueva, una mujer de nacionalidad peruana, que fue expulsada de la Argentina en febrero con su hijo de dos años, que aún toma la teta, y separada de sus otros dos hijos de 14 y 6 años, a quienes no ve desde entonces. Fue detenida y expulsada sin poder hablar con los dos niños. Los tres hijos son ciudadanos argentinos.

Ante la falta de respuestas del Gobierno y del Poder Judicial de la Argentina, varios organismos concurrieron hasta Washington a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir que intervenga y disponga medidas cautelares. El objetivo es que le ordene a la administración de Mauricio Macri que cese con esta situación y disponga la reunificación de la familia, separada por una absurda e inexplicable resolución de la Dirección Nacional de Migraciones.

La decisión de expulsar a Vanessa se inscribe en una deliberada decisión del Gobierno de Macri de hacer campaña, al mejor estilo Bolsonaro, con la mano dura, el gatillo fácil, el uso de armas, el recorte de derechos y la persecución a los inmigrantes y a otros colectivos, como los jóvenes de barrios vulnerables. La principal vocera de esa línea ideológica es la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La persecución a los inmigrantes -tan evidente en los casos de los senegaleses apaleados por la Policía de la Ciudad- se motorizó a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2017 que modificó varios aspectos de la Ley de Migraciones, sin la participación del Congreso, y que habilita a la Dirección Nacional de Migraciones a la expulsión de extranjeros que viven en la Argentina con trámites de tipo exprés, en los cuales la posibilidad de defenderse son casi nulas. Entre esas modificaciones se incluye que la evaluación para evitar una expulsión por cuestiones familiares es potestad exclusiva de la Dirección de Migraciones y veda en forma terminante la participación de los jueces. Por ese motivo, entre otros, ya hay planteos en la Justicia para que se declare la inconstitucionalidad del decreto mencionado. El caso está en estudio de la Corte Suprema de Justicia, aunque aunque aún falta el dictamen de la Procuración General de la Nación.

Ese decreto nefasto, fue el punto de partida para que Vanessa fuera expulsada de la Argentina, donde vivía desde hacía más de 15 años y donde quedaron sus dos hijos, su madre y sus hermanas. Fueron ellas quienes se hicieron cargo de los menores. El más chico está enojado: no entiende porqué su mamá se fue y nunca más la pudo ver.

Vanessa fue condenada en 2010 por un caso de drogas. Se la acusó de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Apenas tenía algo más de diez gramos. Entonces tenía dos hijos pequeños. Sin mucho asesoramiento, accedió a someterse a un juicio abreviado. Esto significaba admitir su culpa a cambio de obtener una pena mayor que podría recibir en un juicio normal. La condenaron a cuatro años y terminó de cumplir su pena en 2014. Desde entonces trató de rehacer su vida. Trabajó y estudió. Se recibió de enfermera. No volvió a tener conflictos con la ley. Pagó por lo hecho.

Para recibir su título de enfermera le dijeron que tenía que presentar su DNI definitivo. Desde 2003 vivía en la Argentina con una residencia precaria. Cuando se acercó a la Dirección de Migraciones para tramitar su documento definitivo le dijeron que iba a ser expulsada, por esa condena que ya había cumplido. Sin importar que tuviera tres hijos argentinos. La Dirección de Migraciones notificó la expulsión en un domicilio donde ella hacía años que no vivía. Obviamente, nunca fue formalmente notificada. El 1° de febrero una comisión policial se presenta en su casa para avisarle que tiene que pasar por la comisaría para firmar una documentación. Era un engaño. Cuando llega a la seccional le dicen que será expulsada. Durante el fin de semana la llevan de la comisaría a Ezeiza, con su nene de dos años. Allí la amenazan y le dicen que si no accede a la expulsión van a mandar al nene solo en un avión a Perú. Entonces viaja. Antes puede llegar a ponerse en contacto con el abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) Juan Martín Villanueva, quien desde entonces lleva su caso.

A Villanueva le dijeron en Migraciones que Vanessa había sido expulsada y que tenía prohibida la entrada en el país, por lo cual no podría venir nunca más a ver a sus dos hijos. Todo por una decisión administrativa basada en el DNU 70/2017, que contó con el respaldo de la jueza María Alejandra Biotti, titular del juzgado en lo contencioso administrativo N°5, quien ordenó la detención de Vanessa a pedido de Migraciones, según recordó el abogado durante una charla con periodistas en la sede argentinas de Amnistía Internacional.

Pese a lo trágico, el caso de Vanessa no es el único. Según dijeron los representantes del Cels, Amnistía, la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes y el Centro por la Justicia y el Derechos Internacional, hay otras historias tan tristes como aquella. Por caso, otra mujer peruana, también expulsada, mientras acá quedó su hija de 14 años. O el de una mujer paraguaya, que estaba enferma de cáncer, y le notificaron que sería expulsada. Murió a los pocos días.