Pese a que la Corte de Suprema de Justicia le dio la espalda a los soldados combatientes en Malvinas que denunciaron tormentos y maltratos por parte de sus jefes -tanto oficiales como suboficiales- en las islas durante la guerra de 1982, aún les queda una esperanza de obtener una respuesta por parte de la Justicia argentina.

La esperanza está radicada en el Juzgado Federal de Ushuaia, a cargo de Federico Calvete, quien el 6 de diciembre de 2018 llamó a prestar declaración indagatoria a 18 militares del Ejército argentino acusados de haber sometido a tormentos a sus propios soldados durante la guerra de Malvinas, en lo que se considera que son delitos de lesa humanidad, por lo cual no prescriben pese al tiempo transcurrido.

Ese fue el primer avance importante que se registró en la causa tiene luego de 11 años de investigación, según informó en su momento la Comisión Provincial por la Memoria, que es querellante en el expediente junto a otros organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos.

En mayo de ese año el fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, junto a la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, hicieron un pedido para llamar a indagatoria a 26 militares argentinos acusados de cometer delitos de lesa humanidad contra sus propios soldados durante la última guerra de Malvinas.

La fiscalía pidió las indagatorias por 22 hechos de torturas que tuvieron lugar en la Isla Gran Malvina, específicamente en el ámbito de la Fuerza de Tareas Yapeyú, donde se desempeñó el Regimiento de Infantería 5 –dependiente de la III Brigada de Infantería- al que estaban subordinadas cinco compañías militares.

Según consta en la presentación de la Fiscalía, las autoridades militares con asiento en las islas habrían ordenado y ejecutado contra soldados conscriptos diversos actos de tortura -entre ellos, los conocidos “estaqueamientos” y “enterramientos”- como forma de controlar las alegadas indisciplinas que generaban las penurias que padecía la tropa a causa, fundamentalmente, de la falta de abrigo y comida, consignó la página de la Procuración.

Tras esa presentación, el juez federal Calvete decidió llamar a declaración indagatoria a 18 de esos 26 militares argentinos que habían sido acusados por el fiscal. Entre los delitos de lesa humanidad que se imputan figuran la aplicación de torturas y padecimientos como enterramientos y estaqueamientos.

El juez considera que se trata de una decisión apropiada “dado el estado de avance de la investigación, que si bien no ha concluido, ha permitido incorporar cuantiosos elementos probatorios”.

Muchos de estos elementos se desprenden de los legajos que forman parte del Fondo Documental Malvinas, un acervo documental de las Fuerzas Armadas que fue desclasificado en 2015 y tomado como parte central de los requerimientos presentados por fiscalía.

“Que la tortura, las vejaciones y los padecimientos extremos que soportaron los soldados argentinos formaron parte de una práctica sistemática por parte de sus superiores, no sólo no constituye novedad alguna sino que se encuentra extensa y profundamente documentada”, sostuvo la CPM.

La investigación por esta causa comenzó en 2007 sobre la base de denuncias realizadas por Pablo Vassel, entonce secretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes en el Juzgado Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, donde se determinó que se trataba de un caso de lesa humanidad. Uno de los primeros denunciados fue el ex subteniente Jorge Alberto Taranto.

Dos años después, la Sala I de la Cámara de Casación Penal resolvió que no correspondía esa calificación y que lo delitos denunciados debían ser declarados prescriptos porque no constituían delitos de lesa humanidad, algo que la Corte Suprema ratificó en un cuestionado fallo dictado en 2015, una resolución firmada por Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton que terminó beneficiando a Taranto.

Sin embargo, se presentaron otras denuncias que fueron remitidas a los tribunales de Tierra del Fuego, y tras varias presentaciones de nulidad formuladas por los representantes de los denunciados, la Cámara de Comodoro Rivadavia decidió dar curso a estas investigaciones como delitos de lesa humanidad.

Luego de la reapertura de la causa y tras las indagatorias ordenadas por juez Calvete, hubo apelaciones presentadas por las defensas de los militares acusados, que fueron rechazados por la Cámara Federal por lo que las indagatorias están próximas a llevarse adelantes, dijeron fuentes cercanas al expediente.

Taranto tenía grado de subteniente durante la guerra de Malvinas y con el tiempo abandonó el Ejército y se acercó a los medios de comunicación. En particular, trabó una especial relación con Daniel Haddad, el fundador y propietario del sitio Infobae, que suele ocuparse de los temas vinculados con Malvinas, pero sin prestar atención a las denuncias de tormentos contra los soldados. Taranto encabezó un programa dedicado a Malvinas cuando el empresario era dueño de Radio 10.