Por Rafael Saralegui

En un año donde todos los números económicos le dan para atrás, el Gobierno endurece su discurso y apuesta a retener de esa forma al núcleo más fiel, el que se ubica más hacia la derecha. Por eso insiste con una reforma para modificar la edad de imputabilidad de los menores en conflicto con la ley y busca a convertir a los extranjeros en un nuevo cuco, como supuestos responsables de los delitos que a diario ocupan minutos de aire en los noticieros.

En esa línea de acción -aplaudida por los sectores más reaccionarios, incluidos varios dirigentes de la oposición- se inscribe la decisión de expulsar a los extranjeros que delinquen, como una suerte de acción más marquetinera que efectiva a la hora de enfrentar la creciente violencia urbana.

Y fiel al estilo bruto, simplista y bravucón que encarna a la perfección la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se generan historias dramáticas para sus protagonistas, que son quienes viven en carne propia las acciones propagandísticas del Gobierno de Mauricio Macri.

Es el caso que atraviesa, que sufre, Vanessa Gómez Cueva, quien nació en Perú, tiene 33 años y hace 15 que vive (vivía) en la Argentina. Y se utiliza el pasado porque Vanesa fue expulsada de la Argentina hacia su país de origen por las autoridades de la Dirección de Migraciones, mientras dos de sus hijos, nacidos en nuestro país, se quedaron aquí. Por ese motivo, Amnistía Argentina lanzó una campaña para que Vanesa pueda volver a vivir en la Argentina con el resto de su familia.

La organización internacional dedicada a la defensa de los derechos humanos, consignó que la mujer “fue condenada a cuatro años de prisión por comercio de estupefacientes. Tras cumplir su condena en 2014 logró reinsertarse en la sociedad. Se recibió de Técnica Superior en Enfermería mientras estudiaba y trabajaba. A pesar de esto, Migraciones decidió expulsarla del país sin considerar su reinserción ni a sus tres hijos argentinos. Vanessa se quejó ante la justicia, pero no fue escuchada”.

La cuestión es más difícil de aceptar porque la mujer ya había cumplido con la condena que se le impuso, estudió y consiguió un trabajo. Pagó con el encierro el daño que había hecho y no volvió a caer en el mundo del delito. Un caso especial, porque muchos de los que salen de la cárcel terminan por reincidir debido a las dificultades para poder insertarse en el mundo laboral. Si en estos tiempos es difícil conseguir empleo para cualquier persona, mucho más aún para quien sale de la cárcel.

Amnistía recordó que el 1° de febrero último, se presentaron en la casa de Vanessa Gómez Cueva un grupo de agentes con el argumento de que debía acompañarlos para «firmar una notificación». La mujer se fue con su bebé de dos años y dejó en la casa a sus otros dos hijos, uno de 5 y otra de 14. Los tres hijos tienen nacionalidad argentina.

“Vanessa había sido engañada: fue trasladada directamente a una celda policial sin luz ni agua junto con su bebé, y de ahí a un centro de retención en el Aeropuerto de Ezeiza. El 4 de febrero fue expulsada de Argentina junto a su bebé, sin haberse podido despedir de sus otros dos hijos”, consignó el organismo, que lanzó una campaña para pedir el regreso de la mujer a la Argentina.

“En los últimos años Argentina viene implementando una política migratoria que restringe los derechos de las personas migrantes y fomenta la discriminación. El punto máximo de gravedad es la separación de una mamá de sus hijos”, dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. La campaña pide a todos los activistas de la organización y a los ciudadanos en general que reclamen a las autoridades para que se pueda lograr la reunificación de la familia.