Cristina y Timerman fueron denunciados por firmar el Memo.

Por Rafael Saralegui

“Estalló la interna en la comunidad judía”, escribió en un chat de WhatsApp un conocedor de los movimientos políticos de la comunidad. Fue luego de que se conociera a través de un despacho de la Agencia Judía de Noticias, que la AMIA le había enviado una carta a la DAIA para pedirle que desista de acusar a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa por la firma del memorándum con Irán.

La carta lleva las firmas de Darío Curiel y Ariel Eichbaum, secretario general y vicepresidente de la AMIA, debido a que el presidente Agustín Zbar, estaba en Israel cuando se firmó el texto, que tiene fecha del 22 de enero, para participar del acto de homenaje que se hizo en aquel país al fallecido fiscal Alberto Nisman, quien había denunciado a la ex presidenta y al ex canciller Héctor Timerman por la firma de ese acuerdo, que buscaba interrogar a los iraníes acusados del atentado en Teherán.

«La DAIA fue la punta de lanza para acusar a CFK, incluso tolerando que se la impute y procese por traición a la patria y aportando un escrito para reforzar una acusación que sólo se hizo anteriormente en 1955 contra Juan Domingo Perón. Ninguna dirigencia judía de ningún país del mundo había denunciado penalmente a la totalidad de un gobierno. La influencia para hacer semejantes acusaciones provino de alguno de los dirigentes comunitarios que se convirtieron en dirigentes del PRO, fundamentalmente el hoy diputado Waldo Wolff, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich (a través de su marido) y en menor medida los hoy secretarios de Ambiente, Sergio Bergman y, de Derechos Humanos, Claudio Avruj», recuerda Página 12.

Más allá del texto formal enviado al actual presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, en la sede de la calle Pasteur explican que la idea es “que la DAIA no se corte sola”. La AMIA decidió en su momento no participar como querellante en la causa contra CFK que había llevado adelante Claudio Bonadio. Pero la DAIA si lo hizo. En la AMIA sostienen que la firma del Memo se llevó a la Justicia y que en el mismo Poder Judicial se hizo caer el acuerdo. En mayo de 2014, la Cámara Federal consideró que era inconstitucional y dejó de tener efecto.

La carta también expresa: “Causa AMIA: se ha considerado imprescindible intentar mantener estrategias conjuntas sobre la misma. En particular, queremos puntualizar que AMIA no se ha expresado a favor del juicio en ausencia y que toda declaración acción o compromiso asumido por DAIA sobre ese tema u otro sin conocimiento y consentimiento de AMIA sería eventualmente desconocido por nosotros. Enfatizamos que el respeto mutuo es la única manera de preservar la unidad y la paz comunitaria”.

Entonces, también se hace público el rechazo al juicio en ausencia de los acusados iraníes, una posibilidad que se analiza en el Gobierno. De hecho, hace diez días el ministro de Justicia, Germán Garavano, admitió públicamente que la cuestión se encontraba en estudio y que podía impulsarse no sólo para el caso AMIA, sino también para otros expedientes judiciales. Si la AMIA ya se pronunció en contra de la iniciativa, parece difícil que la iniciativa prospere.

“Para AMIA resulta fundamental que los acusados iraníes sean juzgados en suelo argentino, para que den cuenta de sus actos con las garantías de nuestra Constitución nacional, sin caer en la tentación de modificar en nada el orden jurídico vigente por mejor intencionados que fueran los impulsos políticos de la hora”, dijo Zbar en Israel durante el homenaje a Nisman.

Garavano volvió a estar en el centro de la polémica esta semana cuando Mario Cimadevilla, el ex titular de la Unidad de Investigación que funcionó en su Ministerio, lo acusó en una entrevista de haber impulsado un encubrimiento oficial por no haber acusado a los ex fiscales Mullen y Barbaccia en el juicio oral que se lleva adelante desde hace años y ya está en su etapa definitoria. En el juicio oral la AMIA tampoco acusó a los ex colegas de Nisman.

En la AMIA la lectura que se hace es que la DAIA debe tomar distancia del Gobierno, sobretodo en pleno año electoral. Que se deben continuar con los reclamos y estrategias judiciales más allá de quien esté a cargo del Poder Ejecutivo.