La Corte había fallado en contra de los soldados de Malvinas.

El Juzgado Federal de Ushuaia, a cargo de Federico Calvete, llamó a prestar declaración indagatoria a 18 militares oficiales y suboficiales del Ejército argentino acusados de haber sometido a tormentos a sus propios soldados durante la guerra de Malvinas, en lo que se considera que son delitos de lesa humanidad.

Este es el primer avance importante que la causa tiene luego de 11 años de investigación, informó la Comisión Provincial por la Memoria, que es querellante en el expediente junto a otros organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos.

En mayo de este año el fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, junto a la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, hicieron un pedido para llamar a indagatoria a 26 militares argentinos acusados de cometer delitos de lesa humanidad contra sus propios soldados durante la última guerra de Malvinas.

Según se informó el juez federal Calvete decidió llamar a declaración indagatoria a 18 de esos 26 militares argentinos que habían sido acusados por el fiscal. Entre los delitos de lesa humanidad que se imputan figuran la aplicación de torturas y padecimientos como enterramientos y estaqueamientos.

El juez considera que se trata de una decisión apropiada “dado el estado de avance de la investigación, que si bien no ha concluido, ha permitido incorporar cuantiosos elementos probatorios”.

Muchos de estos elementos se desprenden de los legajos que forman parte del Fondo Documental Malvinas, un acervo documental de las Fuerzas Armadas que fue desclasificado en 2015 y tomado como parte central de los requerimientos presentados por fiscalía.

“Que la tortura, las vejaciones y los padecimientos extremos que soportaron los soldados argentinos formaron parte de una práctica sistemática por parte de sus superiores, no sólo no constituye novedad alguna sino que se encuentra extensa y profundamente documentada”, sostuvo la CPM.

La entidad consideró que esta decisión resulta trascendental ya que pone en movimiento una causa que durante 11 años ha permanecido detenida, desoyendo completamente los testimonios de las víctimas y desconociendo toda carga probatoria existente.

La CPM se presentó como querellante en la causa por violaciones a los derechos humanos radicada en Ushuaia y ha venido acompañando este proceso judicial dando un impulso a la campaña Justicia por Malvinas, que se propone instalar no sólo en ámbitos judiciales sino en el pleno de nuestra sociedad la necesidad del reconocimiento por las violaciones a los derechos humanos que los soldados argentinos sufrieron por parte de sus superiores.

El Centro de Ex Combatientes de La Plata (CECIM) informó que el magistrado hizo lugar a una solicitud presentada en mayo por el fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport.

De esta forma, 18 de los 95 militares denunciados darán explicaciones ante la Justicia Federal, a 11 años del inicio de la causa y 36 de la finalización de la guerra de Malvinas.

La investigación por esta causa comenzó en 2007 sobre la base de denuncias contra el exmilitar Jorge Eduardo Taranto en el Juzgado Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, donde se determinó que se trataba de un caso de lesa humanidad.

Dos años después, la Sala I de la Cámara de Casación Penal resolvió que no correspondía esa calificación y que lo delitos denunciados debían ser declarados prescriptos, algo que la Corte Suprema ratificó en un fallo de 2015.

Sin embargo, se presentaron otras denuncias contra Taranto y otros ex militares que fueron remitidos a los tribunales de Tierra del Fuego, y tras varias presentaciones de nulidad formuladas por los representantes de los denunciados, la Cámara de Comodoro Rivadavia decidió dar curso a estas investigaciones como delitos de lesa humanidad.