Cuatro detenidos murieron esta madrugada en la comisaría de la localidad bonaerense de Transradio, en el partido de Esteban Echeverría, por estar alojados en calabozos que debían estar desocupados, según una orden judicial que fue desobedecida por el Ministerio de Seguridad, de acuerdo con una denuncia de organismos de defensa de los derechos humanos.

Fuentes policiales dijeron que las muertes se produjeron cuando cuando un grupo de presos fue descubierto por un guardia limando barrotes y, al frustrarse la fuga, generó un incendio en los calabozos. Además, 10 presos debieron ser trasladados a hospitales de la zona por las heridas que sufrieron.

«La Comisaría 3ª de Esteban Echeverría está clausurada por una orden del juzgado de Garantías 2 de Lomas de Zamora con sede en Monte Grande. En esa misma resolución, la justicia le exigió al Ministerio de Seguridad de la Provincia que desalojara de manera urgente los calabozos y trasladara a las personas allí detenidas», denunció la Comisión Provincial por la Memoria.

La lógica indica que si la orden judicial se hubiera cumplido, no se podría haber producido un intento de motín, ya que no tendría que haber detenidos alojados en los calabozos.

Las fuentes informaron que la dependencia policial alojaba al momento del hecho un total de 27 detenidos, cuando en rigor sólo tenía lugar diez. La policía dijo que los incidentes comenzaron cuando el efectivo encargado de la vigilancia ingresó a la zona de calabozos y observó que dos presos estaban limando los barrotes de una reja, para intentar una fuga.

El policía de inmediato dio aviso a sus superiores y a la seccional llegaron diez móviles en apoyo y se montó un operativo para prevenir y evitar cualquier fuga. Las fuentes dijeron que se trató de entablar un diálogo con los internos, quienes molestos por ser descubiertos, colocaron colchones contra la puerta de ingreso de los calabozos y los prendieron fuego.

Siempre según las fuentes, dentro del calabozo además se originó una pelea entre los que pretendían generar el fuego y los que no. Cuatro de los presos terminaron muertos con quemaduras y por inhalación de monóxido de carbono, mientras que otros diez tuvieron que ser trasladados a los hospitales de la zona para su atención médica.

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Las fuentes identificaron a los tres fallecidos en la comisaría como Jeremías Rodríguez Aaron, alias “Jere”, quien estaba detenido por una causa por robo agravado de abril de 2018; Eduardo Rogelio Ocampo (59), preso por un homicidio agravado de la UFI 3 de Lomas de Zamora; y Jorge Luis Ramírez (30), quien tenía una causa por estafa de la UFI 2 de Lomas de Zamora. La cuarta víctima, identificada como Juan Bautista Lavarda (59) y quien tenía una captura de la UFI 1 de Morón, llegó a ser trasladada al Hospital Santa Marina de Monte Grande, pero allí falleció.

En el hospital Santa Marina de Monte Grande quedaron los detenidos Rodrigo Leonel Osuna (22), Blas Javier Vera Martínez (18), Miguel Ángel Sánchez (27) y Elías Daniel Soto (20). Además, Carlos Ariel Corvera (25) fue internado en el Hospital de Ezeiza, Juan Carlos Fernández (30) en el Narciso López de Lanús y uno de los presuntos generadores del fuego, “Choco” Barrios, quedó en el Gandulfo de Lomas de Zamora.

La Comisión por la Memoria (CPM) recordó que el 3 de marzo de 2018 el juzgado de Garantías notificó al ministro de Seguridad, al ministro de Justicia, a la Corte Provincial y a la propia Gobernadora la clausura y la orden de no alojar personas en esa dependencia. Ninguno de los funcionarios dio respuestas a la grave situación.

El antecedente de Pergamino

Este hecho se suma al ocurrido en marzo de 2017 cuando 7 jóvenes murieron en lo que se conoció como la masacre de Pergamino, tras un incendio ocurrido en la comisaría de esa ciudad, también en un supuesto intento de fuga.

Pese a lo que se sostiene habitualmente -«los presos entran por una puerta y salen por otra»- la cantidad de personas detenidas en comisarías de la provincia de Buenos Aires creció un 14% en el último año y acumula un 93% desde diciembre de 2015. Actualmente, se encuentran sobrepobladas en un 246%: con espacio para 1.000 personas, alojan a 3.500.

Esto ocurre en un marco general de incremento del encarcelamiento como principal política de seguridad: las personas detenidas en cárceles, alcaidías y comisarías superan récords mensualmente: llegan a 47.000 y represen una tasa de 272 personas detenidas cada 100.000 habitantes, precisó la CPM.