Nuboso, caldeado, con probabilidad de chaparrones y tormentas fuertes. No hablamos del estado del tiempo, no. Es el clima que se vive por estas horas en la Corte Suprema de Justicia y se espera que pueda tener su clímax en la reunión de acuerdos que se realizará este martes 13, como todas las semanas. El augurio de la fecha fatídica no hace más que presagiar momentos de tensión en el encuentro entre los cinco supremos del máximo tribunal, que vive horas convulsionadas tras la salida de Ricardo Lorenzetti, de la presidencia, en una jugada de palacio que todavía no deja de cicatrizar heridas.

Los motivos de enojo entre los jueces tiene su historia. Desde hace semanas se comenta el interés de un grupo de magistrados de sacar un fallo -conocido como causa Blanco- referido a la fórmula que se debe utilizar para actualizar los haberes de los jubilados que iniciaron demandas por una mala liquidación de la ANSES. Los tres que lo impulsan -se dice- son Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Lorenzetti. El nuevo presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, no tiene ningún apuro, lo mismo que su vice, Elena Highton de Nolasco. Pero el trío tiene la intención de que se resuelva antes de fin de año.

Este lunes, el Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial una resolución de la Secretaría de Seguridad Social que ratifica que continuará aplicando el denominado índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) para la actualización de haberes jubilatorios y no el conocido como Isbic (Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción), que es el que utilizan los jueces para actualizar los haberes jubilatorios.

Según el Gobierno, el Isbic es un indicador que «atenta contra la armonía que un sistema de Previsión Social debe tener, dado que sus variaciones se alejan de las del salario promedio, arrojando resultados distorsivos».

«Los ingresos del Sistema Integrado Previsional Argentino provienen del aporte de todos los sectores, por lo que efectuar actualizaciones a los beneficios previsionales con índices sectoriales, que arrojan resultados injustificadamente superiores a los del promedio de los salarios, atenta contra la sustentabilidad del sistema», dice la resolución  firmada por Gonzalo Estivariz Barilati, que antes de asumir como secretario de Seguridad Social revistó en la ANSES como secretario de Legal y Técnico. En su actual cargo fue nombrado hace apenas un mes y en diversos foros dedicados a la seguridad social se lo menciona como uno de los autores de la llamada Ley de Reparación Histórica para los jubilados que en muchos se convirtió en un fiasco.

La publicación de esa resolución en el Boletín Oficial cuando se espera un nuevo fallo de la Corte sobre los haberes jubilatorios cayó mal en los despachos de los jueces que esperan ratificar la jurisprudencia histórica del máximo tribunal. El caso del jubilado Lucio Blanco, que se tomará como testigo, fue iniciado en 2003 y está a estudio del máximo tribunal hace casi dos años. Se calcula que hay más de 100 mil juicios que esperan una resolución de la Corte en la misma línea. Abogados expertos en seguridad social sostiene que la actualización de los haberes con la fórmula que más beneficia a los jubilados no implica un esfuerzo descomunal para el Estado. Se estima que puede representar apenas a 1 por ciento del presupuesto de la ANSES. Las fuentes consultadas dijeron que el tema no se resolverá este martes, aunque es probable que se dé a conocer una suerte de grilla con los casos que se van a resolver hasta fin de año.

De lo que sí se hablará en el acuerdo de este martes es de dos nombramientos firmados por el presidente de la Corte. Uno es el nombramiento de Juan Carlos Lahitou como titular de la Secretaría de Desarrollo Institucional, creada recientemente y que se encargará de la comunicación del máximo tribunal. Mediante la resolución 3384 lo designa hasta el 31 de mayo de 2019. El cuestionamiento es porque Lahitou se desempeñaba hasta ahora como número dos  de la Procuración del Tesoro, que conduce Bernardo Saravia Frías, el organismo del Poder Ejecutivo que defiende los intereses del Estado. Es decir, salta de un cargo en el Gobierno a un puesto clave en el riñón del Poder Judicial.

El enojo crece porque el nombramiento se produjo luego del almuerzo del martes pasado en la Casa Rosada con la presencia de Rosenkrantz, Highton de Nolasco, el presidente Macri, su jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia Germán Garavano. Según el columnista del diario La Nación Carlos Pagni, luego del almuerzo hubo una reunión en la que estuvieron Saravia, Garavano, Peña y Fabián Rodríguez Simón, el operador judicial en alza del macrismo. Tras ese encuentro, el viernes pasado, se pidió el nombramiento de Lahitou, el segundo de Saravia, en el corazón de la Corte. Lahitou, dicen en la Corte, estuvo como representante del Ejecutivo en la causa por la disputa del Correo de la empresa SOCMA.

El otro nombramiento que hizo ruido fue el de Cecilia Westerdahl, en una resolución firmada hoy también por Rosenkrantz. La flamante funcionaria designada en la Dirección de Comunicación y Gobierno Abierto de la Corte se desempeñaba hasta ahora como Directora de Comunicaciones en el estudio Marval, O´Farrell & Mairal, el bufete de abogados más grande del país. La designación parece perfilar la gestión de Rosenkrantz, quien en dos reportajes este fin de semana dijo que uno de los problemas de la Justicia era una falla en la comunicación. La misma que parece faltar puertas adentro.