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Bolsonaro basó su campaña con promesas de mando dura.
La elección presidencial en Brasil terminó con la victoria del candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro, quien ha prometido aplastar la avalancha de crimen y corrupción con puño de hierro. Pero el presidente electo podría encontrarse con que sus promesas de campaña no serán fáciles de cumplir.
Bolsonaro, un exmilitar convertido en congresista por el estado de Rio de Janeiro, arrasó en las urnas en la segunda vuelta del 28 de octubre, al derrotar a su rival de la izquierda, Fernando Haddad, por un margen de diez puntos.
En su campaña, el presidente electo dio prioridad al tema de la seguridad pública. Pidió que se diera carta blanca a organismos de seguridad y a civiles para usar la fuerza letal contra personas sospechadas de haber cometido delitos, y pidió sentencias más duras para los presos.
Bolsonaro también asoció el alza de los índices de crimen y violencia con la profunda corrupción en Brasil.
“Los males y perjuicios de la corrupción afectan a la población en todas las formas”, tuiteó recientemente. “Eso es lo que queremos impedir. Un gobierno corrupto incita al crimen en todos los ámbitos”.
Pero los planes de Bolsonaro en materia de seguridad pública se basan en premisas mal sustentadas y no abordan de manera directa la dinámica criminal que motiva buena parte de la violencia en Brasil.
Más aún, la promesa del presidente electo de erradicar la corrupción seguramente afrontará importantes obstáculos políticos y prácticos que podrían burlar —e incluso desbaratar— las iniciativas contra la corrupción.
El adalid antipandillas
Bolsonaro usó la campaña presidencial para redoblar su supuesta imagen de político inflexible contra el crimen. Llegó a afirmar incluso que los agentes de policía que asesinen a sospechosos en el ejercicio de su labor no deben ser juzgados, sino premiados.
Sin embargo, muchas de las propuestas de seguridad del presidente electo —como hacer más flexible las leyes de tenencia de armas, otorgar más recursos a los organismos de seguridad y reducir la edad a la que los menores puedan ser imputados penalmente como adultos— requeriría aprobación del congreso.
Lo controvertido de muchas de esas iniciativas permite prever que la legislatura alargará o debilitará su implementación.
Además, Bolsonaro y su equipo no han indicado los posibles candidatos para algunos altos cargos de seguridad en la nueva administración, como el del jefe de la policía federal o el jefe de la Cartera de Seguridad, lo que plantea interrogantes sobre quién tendrá la tarea de implementar la agenda del presidente electo.
E incluso si Bolsonaro logra implementar sus planes, es poco probable que tengan éxito. Como lo señaló el analista Daniel Cerqueira en un artículo reciente, las principales propuestas del presidente electo adolecen de graves fallas.
“No creo que tenga un plan, al menos no con respecto a la seguridad”, le comentó Cerqueira a InSight Crime. “Solo tiene algunas ideas dispersas con motivación ideológica, que ahora deben madurarse”.
Lo irónico es que durante la campaña Bolsonaro evitó en casi todo momento referirse a la principal amenaza criminal de Brasil, la pandilla carcelaria conocida como el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital –PCC). Pero su plataforma de seguridad podría terminar beneficiando al grupo.
El endurecimiento de sentencias no resolvería el hecho de que la mayoría de los delitos en Brasil no llegan siquiera a investigarse, mucho menos a castigarse. Y eso contribuiría a incrementar la ya abultada población carcelaria del país, que es una fuente importante de reclutas para la pandilla.
Flexibilizar las restricciones sobre el porte de armas no solo daría más poder de fuerza letal en manos de una sociedad que ya reporta más homicidios anualmente que cualquier otro país del mundo, sino que también permitiría la expansión del mercado negro de armas de fuego, una fuente de ingresos ilícitos para el PCC.
Además, dar carta blanca a la policía para abatir a personas sospechadas de haber cometido delitos incitaría a los grupos criminales a contraatacar al estado, y reduciría la confianza de la población civil en los organismos de seguridad, lo que dificultaría aún más la vigilancia policial cotidiana.
Cerqueira señaló que el plan de Bolsonaro de un combate frontal a la delincuencia podría resultar contraproducente.
“No me cabe duda de que dará lugar a mayor violencia”, advirtió a InSight Crime. “Esta ha sido la historia de Brasil durante los últimos 40 años”.
Limpiar la casa
La corrupción fue otro de los grandes temas en la elección de este año, y era predecible que Bolsonaro prometiera seguir una ofensiva sin limitaciones para cortar de tajo la corrupción.
“No habrá más espacio para la corrupción”, declaró de manera sucinta antes de las elecciones. “La limpieza ahora será mucho mayor”.
Pero de nuevo, la agenda de Bolsonaro afronta obstáculos importantes.
Su principal propuesta contra la corrupción es la implementación de lo que se conoce como las “10 medidas contra la corrupción”, una lista de propuestas planteadas originalmente por la Fiscalía General en 2015. Sin embargo, la legislación que establece las disposiciones ha ido abriéndose paso en el Congreso, que ha parecido resuelto a debilitarla para proteger los intereses de los cientos de legisladores sospechosos de corrupción y otros delitos.
Matthew Taylor, profesor en la American University, observó que Bolsonaro tendrá problemas para recabar apoyo para sus planes anticorrupción, en especial por su promesa de acabar con la práctica de entregar nombramientos en importantes cargos de gobierno como una manera de intercambiar favores políticos.
“Ha señalado que adoptará medidas duras, pero el problema es que la coalición cuyo apoyo busca en el Congreso le exigirá nombramientos políticos y hará contrapeso a las medidas de reducción del aparato estatal”, explicó Taylor a InSight Crime.
“La coalición política que él tiene no es tan fuerte como para para vencer a la oposición en el Congreso, y las medidas propuestas no son realistas”, añadió.
Taylor también señaló que Bolsonaro puede verse presionado a concentrarse en problemas distintos a la corrupción.
“Habrá miles de demandas sobre él para cuando se posesione”, pronosticó. “Creo que la corrupción es importante, pero no será un tema central. Es probable que la seguridad pública sea más urgente”.
