El presidente Mauricio Macri afirmó esta mañana que la Argentina necesita «fuerzas armadas que sean capaces de enfrentar» los «desafíos y amenazas» del siglo XXI, como el narcotráfico y el terrorismo internacional.

Se espera que el Gobierno modifique en los próximos días el decreto 727/2006, reglamentario de la ley de defensa nacional, que desde la gestión de Néstor Kirchner solo permite el empleo de las Fuerzas Armadas ante agresiones de origen externo «cuando estas sean perpetradas por otros Estados».

En agosto el jefe del Estado enviará 500 efectivos a zonas vulnerables de Salta, Formosa y Misiones y en un año sumarán unos 5000. El anuncio del presidente generó el rechazo de organismos de derechos humanos y de legisladores de la oposición.

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, sinceró que la «puesta en marcha de la reforma del Sistema de Defensa Nacional» anunciada esta mañana por el presidente Mauricio Macri implicará el accionar del Ejército como  «fuerza disuasiva» en la zona de frontera para enfrentar acciones de grupos del narcotráfico y el terrorismo.

En el marco de una política de «guerra contra el narcotráfico», doctrina que disparó exponencialmente la violencia en otros países latinoamericanos, Aguad habló de la creación de «fuerzas de despliegue rápido con 10 mil hombres», pero puso plazos de cumplimiento de los objetivos para «los próximos diez años».

Rechazo del CELS

En diálogo con FM La Patriada, Manuel Tufró, coordinador del Equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS, se refirió a las palabras del presidente Mauricio Macri sobre un posible cambio en el rol de las fuerzas armadas en el país. Sus principales declaraciones:

«No tenemos muchas precisiones, solo está el discurso del presidente Macri. Todavía no vimos los detalles del proyecto. Hay muchas ideas que se dijeron que se vienen repitiendo hace mucho. Esta idea de que la democracia tiene una deuda con las fuerzas armadas»

«Después se cambia el objetivo a enfrentar por las fuerzas armadas, esta idea de que combatan al narcotráfico. Es algo que se viene diciendo pero no hubo detalles de lo que implica»

«El capítulo más preocupante para nosotros es esto de que las fuerzas armadas van a colaborar en seguridad interior. Hay que ver qué alcance puede tener eso. Se habló de apoyo logístico en las fronteras, pero no está nada claro. De hecho, ya había actividades en ese sentido»

«Nos preocupa que una reforma de este tipo se realice sin ningún tipo debate parlamentario. Se habla de un decreto o de directivas presidenciales. Muestra un contraste muy grande con cómo se construyó el paradigma anterior, que incluyó un gran debate colectivo»

Rechazo de la CPM

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) también expresó su rechazo ante el decreto del PEN que habilita la intervención de las Fuerzas Armadas (FFAA) en cuestiones de seguridad interior, violando las leyes de defensa nacional y seguridad interior. El decreto del presidente Macri echa por tierra uno de los avances más significativos de la democracia y retrotrae a los tiempos de la dictadura militar.

La modificación del decreto 727/2006 anunciada hoy por el presidente en el ex centro clandestino de detención de Campo de Mayo es una reforma altamente regresiva en materia de seguridad y derechos humanos.

Una reforma, a su vez, que desconoce las luchas de la sociedad argentina por definir un marco institucional al accionar de las FFAA que limite su capacidad de intervención y evite actos que vulneren la democracia.

Las leyes de defensa nacional y seguridad interior de 1988 (sancionada por el gobierno radical de Raúl Alfonsín) y 1991, respectivamente (sancionada durante el gobierno justicialista de Saúl Menem), y el decreto 727 de 2006 (durante la gestión del presidente Néstor Kirchner) fueron determinando esos límites.