Dos fiscales federales pidieron investigar por el delito de abuso sexual a un ex militar condenado por delitos de lesa humanidad. La víctima habría sido una familiar del genocida y lo más grave es que algunos de los hechos podrían haber ocurrido en la misma cárcel donde se encontraba alojado el represor.
“Los fiscales Santiago Marquevich y Mariela Labozzetta –a cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Morón y la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra la Mujeres (UFEM), respectivamente- impulsaron la acción penal para que se investigue a Héctor Raúl “El Oso” Acuña y se lo indague por el presunto abuso sexual agravado de un pariente”, informó la página Fiscales.
“El pedido se produce luego de la investigación preliminar desarrollada por la UFEM, en base a la denuncia presentada por el colectivo de abogados y abogadas “La Ciega”. La víctima sostuvo que fue abusada sexualmente por el ex militar, cuando era menor de edad y que, algunas de las agresiones, tuvieron lugar en el interior del Complejo Penitenciario Federal de Marco Paz, donde Acuña se encontraba recluido en virtud de las condenas que pesan sobre él por delitos de lesa humanidad”, agrega la página de la Procuración General de la Nación.
Los dos fiscales sostuvieron,tras analizar las pruebas y testimonios colectados durante la pesquisa, que los hechos de abuso sexual fueron sostenidos en el tiempo y adquirieron una gravedad progresiva, a medida que la víctima crecía.
Marquevich y Labozzeta “caracterizaron los hechos denunciados como crímenes de género, en virtud de lo cual instaron la acción penal respecto de Acuña y solicitaron su indagatoria, en el marco del proceso que deberá realizarse conforme los estándares nacionales e internacionales que rigen en la materia”.
El 27 de octubre de 2014, Acuña fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, junto a otros represores, por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención conocido como La Cacha, que funcionó en la localidad de Lisandro Olmos, por donde pasaron centenares de víctimas, entre las que se encontraba la hija de Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
Según dijeron algunos de los testigos que declararon en la causa, Acuña, ex integrante del Servicio Penitenciario, era uno de los torturadores más crueles de los que participaban en el centro. Cuando se leyó la sentencia provocó incidentes, cuando se quiso abalanzar sobre parte del público, víctimas y ex militantes de organismos de derechos humanos.
Acuña ya había recibido una condena a 10 años de prisión en 2010, dictada por el mismo tribunal por delitos cometidos cuando el represor se desempeñaba en la Unidad Penal N°9, por la aplicación de tormentos a presos políticos que estaban alojados en esa cárcel.
El año pasado la Cámara Federal de La Plata confirmó el procesamiento Acuña por haber amenazado con “degollar” y tener un “mano a mano” con el juez federal César Álvarez, durante una visita que el magistrado concretó en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, donde el genocida estaba alojado.
La causa por la que ahora será investigado se inició por la denuncia de una joven que estaba a su cuidado, los abusos se habrían mantenido en el tiempo durante 10 años, hasta que la víctimas creció y pudo contarlo.
“La joven nació en 1993 y fue víctima de Acuña desde que tenía solo cinco años. Incluso lo sufrió durante las visitas a la cárcel de Marcos Paz, luego de que el represor fuera arrestado en 2006. A los 16 años pudo, a pesar de las amenazas de Acuña, contárselo a una amiga y así comenzó el camino que terminó con la denuncia judicial”, precisó Página 12.
“Resulta evidente que es el fuero federal el ámbito ante el cual deben ser investigados y juzgados los abusos sexuales que se imputan a Acuña, ejecutados durante su detención en la Unidad penitenciaria federal, valiéndose de un ámbito que le era completamente conocido y en el que, en violación de normas reglamentarias, obtuvo las condiciones propicias para continuar con los hechos que perjudicaban a (la denunciante). En este último aspecto, no puede descartarse la participación de agentes penitenciarios con el fin de concretar y/o facilitar dichos abusos, lo que deberá formar parte de la presente pesquisa, en caso que se estime corresponda”, dijo Labozzetta en su escrito, agrega el diario.
Acuña había pedido, como el ex represor Miguel Etchecolatz, el beneficio del arresto domiciliario para cumplir lo que le resta de su condena.