Por Rafael Saralegui

Parece que hace todo lo que le piden, que cumple con lo que se espera de él. Pero, no. La familia de Santiago Maldonado no está conforme con la actuación del juez federal Gustavo Lleral, quien está a cargo de la causa por la muerte del joven artesano, luego de que hubiera sido separado el juez anterior, el titular del juzgado federal de Esquel, Guido Otranto, por falta de imparcialidad.

La abogada Verónica Heredia, a cargo de la querella de la familia Maldonado, presentó el martes 26 un recurso de casación ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia para reclamar que se constituya un grupo de investigadores independientes, luego de que esa solicitud fuera rechazada por Lleral y por el mismo tribunal que lo designó, tras la separación de Otranto.

Es que la familia de Santiago está disconforme con algunas de las últimas medidas que tomó el juez, quien pareciera cumplir con algunos trámites formales para dar el cierre a la causa sin responsabilizar a ningún gendarme por la muerte del joven, que había desaparecido el 1° de agosto en la Pu Lof en Resistencia del departamento Cushamen, en el Norte de Chubut, luego de la persecución de efectivos de esa fuerza a los mapuches que habían cortado la ruta 40.

Dos medidas que tomó Lleral en las últimas semanas, provocaron la indignación de la familia de Santiago. El 19 de diciembre, el juez le tomó declaración al joven Lucas Pilquiman, a quien se identificó como testigo E, en el juzgado de paz de Epuyen, a más de 100 kilómetros de distancia de Esquel. Las partes fueron notificadas apenas unas horas antes, de manera que no pudieron llegar.

En la declaración no estuvo la abogada de los Maldonado ni la fiscal Silvina Avila, por lo que no se le pudieron hacer preguntas a la última persona que vio a Maldonado cuando ingresaba en el río Chubut, el 1° de agosto, luego de la persecución de la Gendarmería.

Una semana antes, el 12 de diciembre, el juez realizó un nuevo operativo en la zona del río donde fue encontrado el cuerpo de Santiago, el 17 de octubre, apenas unos días antes de las elecciones legislativas, en un operativo realizado a pedido de la Prefectura. La aparición del cuerpo y la realización de la autopsia en el Cuerpo Médico Forense, le permitió al juez informar que el cuerpo no presentaba signos de lesiones de armas blancas, de fuego o golpes visibles. Un alivio para el gobierno.

“El juez que ahora investiga ha llevado adelante medidas claramente cumplidas como meras formalidades destinadas desde su inicio al fracaso. Entre ellas, la inspección ocular del río y territorio llevada adelante el 12 de diciembre de 2017, lugar donde ocurrieron los hechos que motivaron la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Esta medida fue solicitada por esta parte desde el 18 de octubre y propusimos para realizarla personas idóneas y tecnología especializada a fin de conocer con exactitud el lecho del río y ampliar las posibilidades de encontrar la mochila de Santiago, que él se colocó previo a huir de la violencia de los gendarmes corriendo hacia el río”, dice el escrito de la abogada Heredia.

Al referirse a esa búsqueda, Heredia recordó que “el juez de instrucción prefirió realizarla con el Equipo Argentino de Antropología Forense, que, si bien su prestigio es indiscutible en el mundo entero, no lo es para dirigir buzos que inspeccionen cauces y lechos de ríos. La especialidad del EAAF tiene por incumbencia el estudio de restos óseos humanos. Ello puede incluir la exhumación de los restos, la reconstrucción de la osteo-biografía, la identificación, la causa, manera y data de muerte del individuo. Pero en el procedimiento del 12 de diciembre, nada de esto era objeto de peritaje alguno porque no había restos óseos. La falta de especialistas en agrimensura o batimetría, como sí es la persona que propusimos para esta inspección y fuera desatendida por el juez de instrucción, sin tecnología adecuada –como sí lo es la propuesta por esta parte- donde por las obvias razones de las modificaciones permanentes del caudal del río, no es posible asumir que las características del río el 1 de agosto tienen alguna analogía con las del 12 de diciembre. Esto implica que la temperatura es otra, el caudal es otro (por ende, las aguas se extienden sobre el lecho y las orillas son otras), etc., etc. Las mediciones de las profundidades se realizó de una manera precaria: con una cinta métrica y una regla. La superficie explorada fue de 20 metros desconociendo la razón de tan escueta decisión. Evidentemente esa investigación no fue exhaustiva ni efectiva, menos aún, pronta”.

Cuando se realizó la inspección en el terreno de los mapuches, el juez se negó a que se realizara una pericia en una fogata que supuestamente efectivos de la Gendarmería hizo en el terreno el día que desapareció Santiago. Es cierto que pasó mucho tiempo, pero se podrían haber tomado muestras para ser analizadas. Se cree que la mochila de Santiago, que nunca apareció, podría haber sido quemada allí.

La querella sostiene también que no se hizo un peritaje exhaustivo sobre los teléfonos celulares de los gendarmes que participaron en el operativo del 1° de agosto ya que el rango de de georreferenciación se limitó al lapso de que va de las 11 a las 17, de aquel día, cuando se podría haber ampliado.

La querella sostiene que el juez Lleral utiliza en los procedimientos a efectivos de fuerzas federales que dependen del Ministerio de Seguridad de la Nación, cuyo jefe de gabinete, Pablo Noceti, había estado en la ruta 40 el mismo 1° de agosto, cuando se produjo la represión de la Gendarmería. Por eso el reclamo de una comisión de investigadores independientes del Gobierno.

Heredia recordó en su escrito que “desde el 10 de agosto esta parte requiere una investigación exhaustiva, efectiva, independiente e imparcial; el hallazgo sin vida del cuerpo de Santiago en el mismo lugar que fuera inspeccionado por las autoridades del Ministerio de Seguridad desde el 5 de agosto, aumentaron la necesidad de contar con un equipo de expertos, independientes del citado Ministerio”.