Los diputados nacionales del bloque Frente para la Victoria-PJ denunciaron el viernes al presidente Mauricio Macri, a la ministra Patricia Bullrich y a los efectivos de la Gendarmería, la Policía Federal, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeronáutica que participaron en los operativos de represión del 13 y el 14 de diciembre, en las inmediaciones del Congreso, cuando se efectuaban manifestaciones en contra de la reforma previsional.
En la denuncia que lleva las firmas de los diputados Agustín Rossi, Rodolfo Tailhalde y Martín Doñate, y quedó radicada en el juzgado federal a cargo de María Servini, se sostuvo que los efectivos que el jueves reprimieron a los legisladores, por orden de Macri y Bullrich, cometieron los delitos de atentado y resistencia a la autoridad y de atentado contra el orden constitucional y a la vida democrática.
Los legisladores consideraron que el enorme operativo de seguridad dispuesto en los alrededores del Congreso antes de que se iniciara la fracasada sesión en la Cámara de Diputados y la represión sufrida por los diputados tuvo por objeto impedir que llegaran hasta el recinto y ejercieran el cargo para el que el fueron elegidos.
“Algunos diputados de nuestro bloque FPV-PJ, como de otros bloques, nos encontrábamos afuera del Congreso siendo víctimas de la represión de las fuerzas de seguridad comandadas por la ministra Patricia Bullrich, y por esta razón no pudimos acceder a la referida sesión. Esta circunstancia se ve con claridad en el caso de la diputada Mayra Mendoza, quien fue salvajemente atacada por miembros de las fuerzas de seguridad, conforme se pudo apreciar en las imágenes que circularon en los distintos medios de comunicación. La diputada fue agredida por las fuerzas de seguridad, quienes dispararon contra ella balas de goma, que impactaron en sus piernas, y le arrojaron gas pimienta a pocos centímetros”, dice la denuncia presentada el viernes.
“En este punto es necesario aclarar que alterar el orden constitucional y la vida democrática, no es sólo hacer caer la constitución en pleno, sino que es suficiente interferir con el normal funcionamiento de uno de los poderes previstos en la Constitución”, dice el texto de la denuncia, con el patrocinio del abogado Leonardo Martínez Herrero.
“En este caso particular, el Congreso de la Nación Argentina no pudo sesionar correctamente con todos sus miembros porque algunos de ellos fueron retenidos y heridos por las fuerzas de seguridad apostadas alrededor del Congreso. Resulta relevante que los miembros del cuerpo que no podíamos acceder al recinto no éramos del partido gobernante, Cambiemos. Estaba en todos los canales de televisión el recinto con los miembros de Cambiemos sentados y nosotros ausentes, hasta que fuimos llegando, los que no resultamos gravemente heridos”, agrega la denuncia.
La diputada Victoria Donda fue golpeada por un efectivos la Gendarmería el miércoles 13. Ese mismo día, el diputado Leonardo Grosso, fue mordido por un perro de esa fuerza de seguridad. Mientras que el jueves 14 fueron reprimidos y atacados con gases los diputados nacionales a Darío Martinez, Horacio Pietragala, Matías Rodriguez, Juan Manuel Huss, cuando intentaron ingresaron en el Congreso o quisieron interceder para que se frenara la represión.
“La responsabilidad penal recae sobre las fuerzas federales que ejecutaron los desmedidos actos de violencia referidos, como así también sobre las autoridades que ordenaron el insólito despliegue de miles de efectivos de las diversas fuerzas federales”, dijeron los legisladores en la denuncia.
En el texto, los denunciantes pidieron que se se allane el Ministerio Seguridad de la Nación para obtener toda la documentación relacionada con el operativo desplegado el día 14 de diciembre del corriente y que se cite a declarar como testigos Martinez, Pietragala, Rodriguez, Huss, Donda y Grosso. Y como prueba presentaron certificados médicos de las lesiones sufridas por las víctimas, además de fotografías y videos de los hechos denunciados.