Menem durante la audiencia de ayer.

«Por la excepcionalidad y trascendencia de la causa, se imponía que el proceso se desarrollara de una forma transparente y con un particular apego a las garantías y derechos reconocidos en nuestra constitución. Era necesario e imperioso que, frente a la barbarie, el Estado respondiera más que nunca con la supremacía ética del derecho. Nada de ello ocurrió en la causa AMIA”. Con esa introducción, la Unidad Fiscal AMIA comenzó a exponer ayer sus alegatos en el marco del juicio por el encubrimiento y desviación de la investigación del atentado terrorista a la sede de la mutual judía, que el 18 de julio de 1994 provocó la muerte de 85 personas.

Acompañado por los cotitulares de la unidad especializada, Roberto Salum y Leonardo Filippini, el fiscal ad-hoc Miguel Yivoff inició su exposición ante el Tribunal Oral Federal N°2 pasadas las 11.00. En la sala estuvieron presentes todos los acusados -incluido el senador y ex presidente Carlos Menem-, a excepción del ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, cuyo abogado fue apercibido por presentar recién durante la audiencia un certificado médico que databa de tres días antes.

Tras advertir el antecedente del ataque a la Embajada de Israel en 1992 y la excepcionalidad del proceso por la cantidad de víctimas, la magnitud del atentado, sus implicaciones internas y aristas internacionales, la Fiscalía calificó la causa como “un hecho único en la historia judicial argentina”. Pero consideró que “en algún momento dejó de importar” si la respuesta que el Estado debía darle a las víctimas y a la sociedad en su conjunto “respondía o no a la verdad de lo ocurrido”.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal calificaron como un “verdadero laboratorio de irregularidades” al trámite del proceso. Al respecto, enumeraron intervenciones telefónicas fundamentadas sólo por las fuerzas de seguridad; el abuso del arresto; que terceros ajenos a la investigación se entrevistaran con algunos imputados “con fines poco claros”; que personas declararan como imputados y testigos simultáneamente; la valoración de pruebas de manera arbitraria y el forzamiento de la competencia territorial de delitos para que tramiten en el juzgado a cargo del acusado Juan José Galeano. También adelantaron que tuvieron por acreditado que se presionó y coaccionó a imputados, arrestados y testigos y que, finalmente, “se acordó y se le pagó” a Carlos Telleldín “para que brindara en la causa una declaración previamente consensuada”, utilizada para detener al grupo de policías bonaerenses “y demostrar el supuesto éxito de la investigación”.

El delito de peculado

Sobre los delitos en particular, la UFI AMIA señaló que tiene probado que al reducidor de autos se le pagaron 400 mil pesos de las arcas del Estado para que prestara una nueva declaración en la causa, distinta a las anteriores y que involucrara en el atentado a Juan José Ribelli, Anastasio Lea, Raul Ibarra y Mario Bareiro. Asimismo, la Fiscalía sostuvo que Anzorreguy y Galeano pactaron la entrega del dinero.

Sobre ello reseñaron una serie de episodios previos que tuvieron lugar como “elementos de presión” sobre Telleldín, como la detención de su madre y hermano –respecto de lo que Galeano demoró en declarar su incompetencia-, la autorización para que sea visitado en la sede del Juzgado Federal N°9 en al menos tres ocasiones por el represor Héctor Vergéz y el rol de la camarista federal Luisa Riva Aramayo, que fue llevada al penal en el que estaba detenido por el chofer y custodio de Anzorreguy y actuó “en exceso de sus funciones”: la jueza habría aportado la primera información por la que Telleldín supuestamente imputó a los policías comandados por el comisario Juan José Ribelli.

A las 17.00, tras seis horas de exposición de la Unidad Fiscal, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo lunes a las 10.00.

Fuente: Fiscales.