El ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio de Vido no para de recibir malas noticias desde los tribunales federales de Retiro.
La semana última se informó que ya tiene fecha para sentarse en la silla de los acusados en el primer juicio oral por la tragedia de Once. Eso ocurrirá el 27 de septiembre.
Y el viernes desde los tribunales de Comodoro Py se informó sobre un nuevo pedido de indagatoria para ex el ministro de los tres gobiernos kirchneristas para el próximo 3 de octubre, un par de semanas antes de las elecciones legislativas previstas para el domingo 22 de octubre.
Según adelantó el periodista Omar Lavieri en Infobae, el juez federal Claudio Bonadio citó a indagatoria a De Vido para los supuestos sobreprecios en la compra de barcos de gas licuado, que se usaron para abastecer al consumo interno, cuando decayó la producción local, entre los años 2008 y 2015.
Junto a De Vido también fueron llamados a indagatoria el ex secretario de Energía Daniel Cameron, el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión en Planificación Roberto Baratta y el ex ministro de Obras Públicas del menemismo Roberto Dromi y su hijo Nicolás, quienes fueron asesores informales de la gestión kirchnerista.
La lista de indagatorias incluye a los responsables de la empresa Energía Argentina (ENARSA) Exequiel Espinosa y Walter Fagyas y a funcionarios de áreas técnicas de YPF que tuvieron relación con la compra de los barcos de gas natural licuado.
Según fuentes judiciales, Bonadio estaba esperando el resultado de unas pericias que establecieran el perjuicio que habría provocado la maniobra y que habrían indicado que los precios alcanzaron los 6.900 millones de dólares.
La causa se inició en 2014 por impulso del fiscal Carlos Stornelli para investigar «las presuntas irregularidades en la adquisición de gas licuado natural en el período comprendido entre el año 2008 y la actualidad», a raíz de tres denuncias diferentes: dos de un abogado particular y otra por entonces opositores del PRO, el hoy senador Federico Pinedo, la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la ahora titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso.
Además de la tragedia de Once, donde deberá responder por el delito de «descarrilamiento y defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta», De Vido se encamina a juicio oral por la compra de trenes chatarra a España y Ecuador.
Además está procesado como miembro de una presunta asociación ilícita que concedió obra pública al empresario Lázaro Báez y que habría encabezado la ex presidenta Cristina Fernández.
Bonadio también procesó a De Vido por supuestamente entregar subsidios a colectivos y desviar más de 600 millones de pesos