Un detenido en la 9 de Julio.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció hoy la utilización «desproporcionada» de la figura penal de «intimidación pública» para detener a manifestantes, como en la movilización del martes último que pidió la libertad del referente mapuche Facundo Jones Huala, en los Tribunales porteños de la calle Talcahuano, o la de desocupados que se concentraron la semana pasada frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social.
«Los manifestantes detenidos en la última semana -ayer enfrente de Tribunales y el miércoles pasado en la Av. 9 de julio- fueron privados de la libertad por el delito de ‘intimidación pública’. Esto agrava la criminalización de la protesta social», afirmó el CELS.
En el caso de la manifestación que solicitó en Buenos Aires la libertad de Jones Huala, detenido en la Unidad 14 de Esquel en Chubut, la policía detuvo a siete personas, de las cuales «seis fueron llevadas a dos comisarías de la ciudad y una al Hospital Argerich porque, como consecuencia del operativo, resultó herida».
«Del mismo modo que el 28 de junio durante una protesta que ocurría en la Av. 9 de julio, la represión comenzó mientras existían negociaciones para que los manifestantes se retiraran», según el CELS.
La organización dijo que en este último caso intervinieron tropas de «la Policía de la Ciudad y de la División Investigación de Amenazas e Intimidaciones Públicas de la Policía Federal Argentina, una repartición que responde a la Dirección General de Antiterrorismo de esa fuerza».
Respecto de la utilización de la figura penal de “intimidación pública”, el CELS sostuvo que «agrava aun más la criminalización de quienes protestan: se utiliza de manera extensiva un tipo penal que no aplica a los hechos ocurridos y que expone a las personas a penas mayores».
«Además, las personas permanecen incomunicadas, es decir que no pueden hablar ni siquiera con sus familiares; esta medida es arbitraria y desproporcionada y tiene un efecto intimidador mayor para las personas detenidas y sus familias y para todos los manifestantes», argumentó.
De acuerdo con la interpretación del CELS, «el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires y la justicia federal y criminal endurecieron su reacción a las protestas cuando no se trata de manifestaciones masivas».
«A las consecuencias para la integridad física que tienen los operativos violentos se agregan las consecuencias negativas que tiene la criminalización. La privación de la libertad y los procesos penales posteriores son mensajes claros que buscan desalentar el ejercicio del derecho a la protesta social», aseveró la entidad.