Gils Carbó obtuvo un respaldo de la Cámara.

La Justicia desestimó parcialmente una medida cautelar que frenaba los nombramientos de fiscales y autorizó al Gobierno nacional a cubrir las vacantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que estaban paralizadas por decisión de un juez de primera instancia.

Según informó el Centro de Información Judicial (CIJ), una resolución de la Sala IV de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal revocó este martes un recurso presentado por la asociación Será Justicia, que había frenado la actuación del Poder Ejecutivo y del Senado en la cobertura de cargos pendientes .

Los camaristas Marcelo Duffy y Jorge Morán habilitaron «provisoriamente» el traslado de fiscales a otras jurisdicciones por razones de mejor servicio, según lo autorizado en la ley aplicable, hasta que se resuelva en forma definitiva el juicio.

Al mismo tiempo, el tribunal mantuvo la imposibilidad de que la Procuración General de la Nación a cargo de Alejandra Gils Carbó llamara a concurso o tramitara los ya iniciados, por entender «verosímil» el peligro que había invocado la ONG Será Justicia de que la funcionaria empleara el reglamento vigente para «direccionar injustificadamente» los procedimientos de selección de candidatos a fiscales.

Pero después de conocido el fallo, la Procuración informó que Gils Carbó firmó un nuevo reglamento para llevar adelante los concursos, de acuerdo con el requerimiento de los camaristas.

«Gils Carbó recordó que la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal vigente (Ley 27.148) introdujo modificaciones al proceso de selección, a través de la incorporación de principios orientadores y prácticas que la Procuración General de la Nación ya había receptado en la reglamentación dictada por la resolución PGN n°751/2013, y de modificaciones en la integración del tribunal evaluador», sostuvo la página de la Procuración.

El freno a Gils Carbó lo puso en febrero pasado el juez Esteban Furnari ante una demanda en la que el Ministerio de Justicia y derechos Humanos de la Nación y Será Justicia cuestionan la «imparcialidad» de quienes deben decidir en esos concursos. Furnari resolvió de manera provisoria, hasta que se falle sobre el planteo de fondo, que es la suspensión definitiva de los procesos de selección de fiscales que organizó la procuradora.

La cartera de Germán Garvano y la ONG cuestionaron que el poder para elegir a los nuevos fiscales recaiga sobre Gils Carbó. En concreto, los denunciantes critican la metodología de los concursos, cuyo reglamento establece que «el tribunal encargado de seleccionar los aspirantes a cubrir los cargos concursados, estará compuesto por cuatro vocales, los cuales serán magistrados seleccionados por la procuradora general de la nación, y que estarán presididos por ella, o por quien, en su defecto, ella designe».

«Dicho obrar erosiona cualquier intento de imparcialidad de los juzgadores toda vez que el concurso queda sometido al casi exclusivo arbitrio de la Procuradora General», se advirtió en la demanda. Por ese motivo, el juez Fornari ordenó el verano pasado suspender «los procedimientos de selección actualmente en trámite llevados a cabo mediante la aplicación del Reglamento para la Selección de Magistrados del Ministerio Público Fiscal».