Las tres caras del acusado.

Un hombre viola a una mujer, lo atrapan, es condenado. Un juez le reduce la condena, sale antes de terminar la condena y vuelva a atacar. Es lo que ocurrió con Sebastián Wagner, el acusado de violar y asesinar a Micaela García. Es lo que ocurre con la mayor parte de los violadores: son reincidentes. Su goce está, justamente, en la violación.

La pregunta es qué hacer, entonces, con los violadores. ¿Condenarlos de por vida? ¿Someterlos a tratamientos psicológicos o químicos? ¿Tenerlos controlados, una vez que salen de la cárcel?

Eva Giberti es una renombrada psicóloga, con un destacado y largo recorrido en el campo de la salud mental. Desde 2006, es coordinadora del Programa Las Víctimas contra las Violencias, que funciona en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, destinado a acompañar a las mujeres que padecen violencia de género, familiar y sexual.

“Estamos viendo el incremento de la violencia familiar, de la violencia sexual y particularmente de la crueldad en las distintas formas de ataque a la mujer. Los golpeadores y los violadores no tienen patologías de ninguna clase, salvos algunos casos de un daño cerebral o mental, pero eso es excepcional. No son enfermos. Son sujetos que gozan con el dolor del otro. Encuentran su satisfacción al tener una víctima. Es una placer que van buscando, por eso incrementan su crueldad, y las formas de violencia”, explica Giberti, en diálogo con el programa Periodismo a Diario.

“La reincidencia es típica de los violadores porque no se conforman con una sola víctima. Y también son reincidentes los golpeadores de las familias. La reincidencia es un fenómeno general en la violencia. No son violentos con sus jefes por ejemplo. Ni con sus amigos, ni con personas que pueden contestarle. Son violentos solamente con personas a las que pueden hacer víctimas. Seleccionan muy bien a sus víctimas. Por eso eligen a las mujeres y los niños. Porque no pueden defenderse”, agrega.

Según Giberti, “los violadores, son machos violentos que andan sueltos por todo el mundo y son reincidentes. Y ya sabemos muy bien que es poco y nada lo que se puede hacer acerca de ellos. El violador tendría que ir a la cárcel y cumplir la sanción que le corresponde. Y estar sometido a un plan de atención psicoterapeútica, pero con muy pocas esperanzas de que eso pueda cambiar esa conducta. Pero en nuestro país le acortamos la condena y los dejamos libres”.

Para la experta uno de los problemas es el monto de la pena que tienen los abusos sexuales y violaciones. “Para los jueces y quienes hacen los códigos la violación no les parece suficiente delito, por eso las penas son muy cortas. Tenemos este último caso. Este hombre podría haber tenido una pena de entre 15 y 20 años y se le dio una pena de nueve años en un juicio abreviado. Y además se lo dejó libre con pésimos antecedentes”, se lamentó.

El juez de ejecución penal Carlos Rossi fue quien dejó en libertad a Wagner el año pasado, antes de cumplir los nueve años de condena. Pero más allá del error del juez, quien liberó al acusado pese a los informes en contrario, más tarde o más temprano Wagner volvería a atacar.

“Sin perjuicio de la barbaridad de Rossi, el problema es de la ley y no de los jueces. Wagner hubiera salido de todos modos en el 2019 por aplicación de las normas penales, ya que no existe prisión perpetua para del delito de abuso sexual con acceso carnal. Es un llamado de atención para los legisladores. El juez lo hubiera mantenido en prisión dos años más y debía liberarlo. Por lo cual solo se retrasa o adelanta el problema. Y así sucede y seguirá sucediendo si no hay una reforma integral”, opina el abogado penalista Leonardo Martínez Herrero.

En una columna publicada en el diario Página 12, el ex juez de la Corte Eugenio Zaffaroni sostuvo: “Hoy lamentamos una víctima más y, para colmo, se sigue engañando. Más allá de si el juez actuó bien o mal, no es posible negar el hueco legislativo y, por ende, la responsabilidad de ciertos políticos inescrupulosos, de otros timoratos y amedrentados y del monopolio mediático hoy oficialista”.

El jurista indicó que en el anteproyecto de Código Penal que se había redactado durante el gobierno anterior, con representación de todos los partidos, se establecía la obligación de crear un comité de tres peritos, con la participación de las víctimas, antes de resolver la excarcelación de un condenado por delitos graves.

En la provincia de Mendoza se aprobó en 2010 la castración química para los violadores, pero nunca se aplicó porque debe ser voluntaria. La iniciativa se votó después de una serie de ataques sexuales y tras comprobarse que los violadores eran reincidente en el 70 % de los casos. Los condenados deben aceptar que se le suministren una serie de fármacos para inhibir los deseos de abusar. En nueve estados de los Estados Unidos está aprobada, al igual que en Indonesia, Polonia, Rusia y Corea, para condenados por abuso de menores.

En 2013 se votó en el Congreso una ley para crear el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con delitos sexuales, para reunir la información -desde nombre y domicilio hasta fotos y apodos- y material genético de todas las personas condenadas con sentencia firme por delitos sexuales. La ley nunca se reglamentó y el registro nunca se puso en marcha. «Somos buenos para hacer leyes, pero no para cumplirlas», advirtió Mabel Bianco, titular de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer.

En Gran Bretaña existe un registro similar y los condenados por delitos sexuales deben notificar su domicilio a la policía, pero esa constancia no elimina la posibilidad de que los victimarios vuelvan a atacar. Canadá tiene hace más de diez años un registro con las misma características.