Por Rafael Saralegui.
“Ahora, la Justicia”, tituló el canal TN, del grupo Clarín, el viernes 1º después del anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de su decisión de enviar al Congreso una serie de proyectos de ley con el objetivo “democratizar el Poder Judicial”. Fue el cierre de una semana agitada en el mundillo tribunalicio, que se inició con el discurso del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en el acto de apertura del año judicial y por el 150 aniversario de la creación del máximo tribunal, y continuó con los dos días de debate en la Biblioteca Nacional de los integrantes del movimiento por una Justicia Legítima (JL). La bajada de línea de la señal de noticias fue seguida en el acto por los políticos opositores que son invitados recurrentes en sus programas, como la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió. El diputado radical Oscar Aguad e integrante del Consejo de la Magistratura se ubicó en la misma posición cuando dijo que los únicos límites para el Gobierno eran la prensa libre y la Justicia. Y rechazó de plano la idea de la presidenta Kirchner de que los integrantes del Consejo fueran elegidos mediante el voto popular. Sin embargo, puertas adentro del Palacio de Tribunales, las cosas no son tan claras y sorprenden los alineamientos que se vislumbran después de la agitada semana pasada.
Por caso, después de la habitual reunión de acuerdo de los martes, voceros de la Corte Suprema salieron a decir que en el tribunal no había un ánimo de confrontación con la Presidenta y dejaron trascender que compartían el espíritu de la mayoría de los proyectos anunciados por Fernández de Kirchner. Lo hicieron a media tarde a través de dos cables de la agencias DyN (de la cual Clarín es dueña en parte) y de la oficial Télam. De esa forma, los jueces parecían dejar sin letra a quienes presagiaban un apocalipsis sobre el Poder Judicial. El escueto despacho de DyN, decía textualmente: “La Corte Suprema de Justicia de la Nación se mostró a favor de la mayoría de los proyectos de ley que anunció la presidenta Cristina Kirchner para reformar el Poder Judicial, excepto en la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura sobre lo que se consideró que “es un tema del Congreso”.
“Los siete ministros del máximo tribunal se reunieron hoy por la mañana y se mostraron a favor de las propuestas que anunció la Presidenta, entre ellas que los jueces paguen el impuesto a las ganancias, sobre el que se coincidió en “solucionarlo de alguna manera” y que se resolverá “lo antes que podamos”, informaron fuentes judiciales.
“No nos parecen mal las reformas ni estamos en una guerra con el Ejecutivo. Vemos la intención de crear un conflicto interno en el Poder Judicial y con el Gobierno”, sostuvo un vocero de la Corte en relación a medios de comunicación.”
Sin embargo, fuentes conocedoras de lo que ocurre en los pasillos del palacio de la calle Talcahuano dijeron que el único juez supremo en sintonía con los anuncios de la Presidente y con los planteos de los integrantes de JL es Eugenio Zaffaroni. Así lo delataba la enorme sonrisa que exhibía el viernes durante la asamblea legislativa, cuando la Presidenta enumeraba las iniciativas parlamentarias. El contraste no podía ser más evidente con la expresión de desconcierto de Lorenzetti, enfocado en los momentos justos por el director de la transmisión de la cadena oficial. La posición de la Corte no fue expresada mediante una acordada ni a través de un comunicado difundido por su Centro de Información Judicial (CIJ). Se dio a conocer su postura a través de voceros. El contraste no puede ser más evidente con lo que ocurrió en diciembre, cuando se dio a conocer una declaración mediante el CIJ en que que se cuestionaban las supuestas presiones que el Gobierno ejercía sobre los jueces. El fondo de la cuestión era la Ley de Medios, cuestionada por Clarín. Esa declaración fue la que dio origen al movimiento JL, que se expresó mediante dos solicitadas y que derivó en el encuentro realizado en la Biblioteca Nacional.
Las dos caras más visibles del movimiento son dos mujeres: Alejandra Gils Carbó, jefa de todos los fiscales nacionales, y Stella Maris Martínez, titular de la Defensoría General de la Nación. Las dos faltaron al acto en el que Lorenzetti declaró la apertura del año judicial. Quienes si asistieron fueron buena parte de los jueces federales de instrucción (donde se tramitan las causas de casos de corrupción) y de los tribunales orales. Estos mismos no aparecieron durante los días de debate en la Biblioteca Nacional. Un conocedor de las posturas politicas de jueces, fiscales y defensores lo resumió así: “Muchos jueces nombrados por Alfonsín comparten los planteos de JL y de la Presidenta. Los jueces nombrados por Menem no quieren saber nada. Y los nombrados por el kirchnerismo se reparten mitad y mitad”. Los fiscales que tuvieron casos vinculados con la violación de los derechos humanos, como Félix Crous, participaron en las jornadas de JL, pero no fueron al acto de Lorenzetti. El fiscal de Casación Javier de Luca, fue uno de los asistentes, al igual que el juez de la Cámara de Casación, Alejandro Slokar. Pero no hubo otras caras visibles de la máxima instancia penal.
El fiscal Carlos Rívolo, uno de los investigadores del vicepresidente Amado Boudou, estuvo uno de los dos días. Lo mismo que su colega Miguel Osorio. El camarista Eduardo Freiler, también pasó por la Biblioteca. Los camaristas Martín Irurzún y Horacio Cattani (dos veteranos de la Cámara Federal) no fueron a ninguno de los dos lados. “La función principal del Poder Judicial es frenar abusos de quien sea, del Estado o de particulares”, resumió un magistrado que aún no tiene una posición definida.Otros camaristas no comparten los planteos de JL, ni de la Presidenta. Uno de los pocos temas que genera consenso entre quienes sostienen que el Poder Judicial debe dar una señal a la sociedad es terminar con la excepción del pago del impuesto a las ganancias. Allí se agrupan miembros de JL, los jueces de la Corte y hasta los políticos de la oposición que siempre critican al Gobierno. Todo lo demás es tema de debate.