Se está calentando la pelea por el traspaso de la justicia nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. El problema de los jueces de fueros nacionales no es tanto una cuestión de estatus (pasar a ser un juez porteño ya no nacional), tampoco es un tema de sueldo u oficinas (en ambos casos la Ciudad es superior), el gran problema es que nadie quiere depender de un Consejo de la Magistratura que es mucho más expeditivo que el nacional y que está dominado por una figura excluyente: Daniel Angelici.

A principios de junio  el Gobierno nacional dio el puntapié para iniciar la demorada trasferencia mediante el envío al Senado de un proyecto que modificaba parte de la ley Cafiero para avanzar con la migración de juzgados. Al mismo tiempo desde el macrismo sorprendieron a los jueces con un convenio específico que se agrega a las leyes de traspaso.

Este convenio fue redactado por un equipo mínimo encabezado por Jorge Enríquez que despacha como secretario de Justicia en la ciudad de Buenos Aires y es un ariete de Angelici.

El convenio marco contiene 10 cláusulas.  Dice que la Ciudad será competente para investigar todos los delitos (a excepción de los federales) y que las causas actuales no migran y serán sorteadas entre los otros tribunales.

Los funcionarios y empleados serán integrados al Poder Judicial de la Ciudad «conservando todos sus derechos laborales, la intangibilidad de sus remuneraciones, antigüedad y obra social».  A partir de que se apruebe tanto en la Legislatura como en las dos cámaras del Congreso, Germán Garavano y su par local, Martín Ocampo, celebrarán acuerdos para aplicar la migración en 60 días.

El gran interés del gobierno es traspasar cuanto antes a la justicia del Trabajo. La que funciona actualmente en la órbita nacional, sostiene Garavano, no es atractiva para generar inversión por los cuantiosos juicios que deben pagar los empresarios. Esta es la justicia que más rechaza el traspaso porque está mayoritariamente colonizada por satélites de Héctor Recalde. Por lo pronto se trasparán  los juzgados vacantes (30), con sus respectivas fiscalías y defensorías, además de la totalidad de su personal.

El hombre del macrismo en el fuero laboral es el camarista Gregorio Corach que se ha transformado en un interlocutor subterráneo del ministro de Justicia porteño  Ocampo y del propio Garavano.

La oposición al traspaso une a las tres listas de la Asociación de Magistrados, que pasado mañana seleccionará sus autoridades. Las tres agrupaciones: la Bordó, encabezada por la camarista comercial María Lilia Díaz Cordero; la Celeste, que postula al camarista federal de San Martín Alberto Lugones, y la lista Compromiso, que lleva al camarista Rafael Barreiro, coinciden en oponerse a la mudanza.