Los secuestros extorsivos entraron en la agenda de los intendentes del conurbano bonaerense. Anteayer, los jefes municipales de Almirante Brown, Mariano Cascallares -que ofició de anfitrión-; de Avellaneda, Jorge Ferraresi; de Lanús, Néstor Grindetti; de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; de Quilmes, Martiniano Molina; de Berazategui, Juan Patricio Mussi; de Florencio Varela, Julio César Pereyra; de Esteban Echeverria, Fernando Gray, y de Bolívar, Eduardo Bucca, se reunieron con los fiscales federales que tienen jurisdicción en esos municipios -Sergio Mola y Leonel Gómez Barbella en Lomas de Zamora, Silvia Cavallo en Quilmes, el flamante titular de la Unidad Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), Santiago Marquevich, un representante del fiscal coordinador del Distrito La Plata, Marcelo Molina, y de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar)-, para avanzar “en una agenda de trabajo común para articular la persecución penal y la prevención de fenómenos de criminalidad compleja”, según reseñó el sitio fiscales.gob.ar
El sur del conurbano es una zona caliente, y quizás por eso el encuentro logró juntar a intendentes de la más diversa pertenencia política. El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, había admitido en marzo que se producía un secuestro por día.
La reunión de los jefes comunales con los representantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación se fundamenta en que las causas por secuestros extorsivos tramitan en la justicia federal, por un lado, y en que su investigación queda en cabeza de ese organismo, según establece el artículo 196 bis del Código Procesal Penal de la Nación.
En ese sentido, la jefa de los fiscales federales, Alejandra Gils Carbó, puso en marcha el mes pasado a la UFESE y nombró como coordinador a Marquevich; el tema parece preocupar incluso al gobierno nacional, en tanto a la presentación de esa unidad asistieron la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el secretario Eugenio Burzaco, entre otros funcionarios del Poder Ejecutivo.
Al término de la reunión, Cascallares anunció que los intendentes nucleados en el “CONCOSUR” -donde también se abordan temas vinculados al medio ambiente- van a “invitar a los Ministerios de Seguridad de la Nación y la Provincia de Buenos Aires a sumarse porque estamos poniendo en agenda problemáticas federales”.
Variedad de víctimas
En lo que va del año, la modalidad delictiva alcanzó incluso a funcionarios y dirigentes de la zona, además de vecinos de a pie. En febrero, el joven Daniel Calderón fue secuestrado y mantenido cautivo varios días en Villa Centenario, en el partido de Lomas de Zamora, para cuya liberación los captores pedían 2 millones de pesos: tres personas resultaron detenidas por ese hecho.
En mayo, la víctima fue el fiscal general adjunto de la provincia Sebastián Scalera junto a su esposa, quienes tras el pago del rescate fueron dejados en Temperley. Por ese caso, en el que interviene el fiscal federal Gómez Barbella, fueron detenidas ocho personas al término de una serie de allanamientos.
La inseguridad no tuvo reparos en alcanzar al histórico dirigente Osvaldo Mércuri y su mujer, la diputada del PRO María Elena Torresi: el 16 de mayo la pareja junto con otros familiares fue interceptada en Gorriti al 700, en la paqueta zona de Las Cañitas, en Lomas, y recuperó la libertad en cercanías del autódromo de la Ciudad de Buenos Aires tras pagar 50 mil pesos.
El año comenzó con el intento de secuestro, el 22 de enero, del presidente del club Temperley Hernán Lewin; el dirigente “gasolero” estaba acompañado por su hijo, pero atinó a alzarlo en brazos y correr, por lo que los atacantes sólo se llevaron el vehículo.
Banda desbaratada
Algunas de las pesquisas registraron avances importantes. En una investigación encabezada por Mola y Marquevich, cuatro personas fueron detenidas el 1° de julio e indagadas por el juez federal Alberto Santa Marina, acusadas de haber participado en al menos dos secuestros extorsivos cometidos en Lanús.
En la causa se logró determinar que uno de los capturados por la justicia federal de Lomas de Zamora -en el marco de procedimientos realizados en Bernal y Lanús- era quien comandaba el grupo, se dedicaba a reunir información sobre potenciales «objetivos» y reclutaba «mano de obra» para cometer los secuestros. Otros dos tenían a su cargo la logística, que implicaba conseguir autos robados que eran utilizados para «pasear» a las víctimas. Otro hombre, junto a otra persona que al momento de las indagatorias se encontraba prófuga, era «el brazo ejecutor» de los violentos delitos.