El supremo Ricardo Lorenzetti encabeza la delegación de jueces y fiscales que están viajan al Vaticano para participar de un congreso internacional sobre el crimen organizado y trata de personas que se realizará durante el viernes y sábado próximo.
Más allá de la formalidad del encuentro, lo que interesa en el ámbito local es cómo se gestó la listas de invitaciones a funcionarios judiciales de la Argentina para interpretar el gesto del Papa Francisco como un señal, en estos días convulsionados de hiperactividad en la justicia federal.
“El mensaje es justicia para el pasado y presente, pero venganza no”, explicó un conocedor del armado del encuentro que se realizará en el Vaticano con la participación de decenas de expositores de todo el mundo, con algunas presencias llamativas como la del economista norteamericano Jeffrey Sachs.
El organizador formal del encuentro es monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, un argentino que desde hace más de 40 años se desempeña en la sede la Iglesia Católico en Roma, que preside la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, la organizadora del congreso, y que además es el canciller del Vaticano.
Y el organizador real del capítulo argentino del encuentro es el legislador porteño Gustavo Vera, un viejo amigo del Papa Francisco, titular de la organización La Alameda, dedicada a combatir el trabajo esclavo en talleres clandestinos y en prostíbulos que contaban con la venia de jefes de la Policía Federal y denunciante del ex hombre fuerte de la ex Side Antonio “Jaime” Stiuso.
“La lista de los invitados argentinos fue armada personalmente por Vera, Sánchez Sorondo y Francisco, que está al tanto de todo hasta el último detalle”, explicó uno de los conocedores de la organización. Según se explicó, cada invitado debe hacerse cargo de los gastos del viaje hacia el Vaticano. El argumento para elegir a los jueces o fiscales es que tuvieron causas relevantes en casos de trata, narcotráfico o crimen organizado.
Que la lista sea encabezada por Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, tiene una doble lectura: por un lado, es un respaldo frente a las embestidas de la diputada Elisa Carrió y, por el otro, una forma de entender que el supremo acompaña la actividad de los jueces federales frente a la corrupción, tal como lo expresó meses atrás durante la apertura del año judicial.
De todos modos, Vera advirtió que la invitación a los magistrados «no tiene nada que ver con las causas que llevan ahora, sino con sus sentencias en temas vinculados a delitos de crimen organizado».
Entre los jueces federales aparece Sebastián Casanello, el juez que ordenó el arresto del empresario kirchnerista Lázaro Báez, en la misma causa donde podría resultar involucrada la ex presidente Cristina Kirchner, y que además investiga al actual presidente Mauricio Macri por los Panamá Papers.
También están entre los viajeros María Romilda Servini de Cubría, la jueza federal que investiga el dinero del Fútbol para Todos y envió tres veedores a la AFA y que procesó a los funcionarios del gobierno anterior que permitieron que se incrementara el tráfico de efedrina.
Otra jueza invitada es la chaqueña Zunilda Niremperger, quien tuvo a su cargo la causa en la que se secuestró el mayor cargamento de cocaína de la historia argentina y que fue amenazada de muerte por los acusados. Otros de los jueces federales porteños invitados son Sergio Torres y Julián Ercolini, a cargo desde 2008 de una causa contra Cristina Kirchner y otros ex funcionarios por asociación ilícita.
Dos de los fiscales invitados son Daniel Adler, fiscal general en Mar del Plata, cercano a la procuradora Alejandra Gils Carbó, y Marcelo Colombo, titular de Protex, la procuradoría especial dedicada a combatir la trata y explotación de personas.
Otros de los invitados y expositores son Carlos Alberto Vera Barros, juez federal en Rosario, la ciudad donde el narcotráfico provocó una guerra de bandas, que hablará sobre “Narcotráfico y corrupción institucional”, Miguel Eugenio Abásolo, primer juez federal de Rafaela, el pago chico de Lorenzetti, (disertará sobre Propuestas para mejorar la investigación en los delitos de narcotráfico y trata de personas) y el fiscal federal ante los tribunales orales Diego Sebastián Luciani (hablará de La inclusión social como herramienta de prevención del crimen organizado).
Las ausencias también dicen mucho: no hay entre los invitados fiscales identificados con Daniel Angelici, el presidente de Boca considerado el operador judicial del macrismo, ni el juez federal Claudio Bonadio, el enemigo judicial número uno de Cristina Kirchner, a quien procesó por los contratos de dólar futuro.