La sede de la ex Side en la calle 25 de Mayo.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que el Gobierno eliminó la obligación de registrar los fondos de la Secretaría de Inteligencia y el uso que se les da, por lo cual envió una nota al jefe gabinete, Marcos Peña.

«Esta decisión revirtió uno de los aspectos más relevantes de la reforma del sistema de inteligencia realizada en 2015 que, con 10 años de demora, comenzaba a cumplir con las obligaciones que el Estado había asumido con las víctimas del atentado a la AMIA mediante el decreto 812/05. Hasta el momento no se publicó un nuevo régimen de administración de los fondos», dice un comunicado del CELS.

El miércoles, el CELS y Memoria Activa presentaron una nota al jefe de gabinete Marcos Peña solicitando que se informen los detalles de esta reforma, cuál será la política de publicidad y secreto de las actividades de inteligencia y cómo se cumplirán los compromisos asumidos por el Estado en 2005.

«El decreto 656/2016, publicado el lunes 9 de mayo, con el argumento de «agilizar las instancias administrativas usuales de gestión» derogó el “Régimen de Administración de Fondos de la AFI”, creado en julio de 2015 por el decreto 1311/15. Esta regulación establecía qué fondos debían tener estado público y cuáles debían permanecer reservados», dijo la entidad.

Según el CELS, la discrecionalidad y la opacidad con la que los servicios de inteligencia utilizaron los fondos y la falta de controles internos y externos explican gran parte de las maniobras que lograron ocultar la verdad de lo ocurrido en el atentado a la AMIA.

Por eso, en 2005, el Estado firmó con Memoria Activa, un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos donde se comprometió, entre otras cosas, a “transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia” (decreto 812/2005).

Recién en enero de 2015, la reforma de la ley de inteligencia incluyó principios generales para transparentar el presupuesto de la AFI y lograr un mayor control del uso de los fondos reservados. En julio de 2015 el decreto reglamentario 1311/15 reguló los procedimientos administrativos necesarios para que todos los gastos de fondos reservados quedaran registrados. Por primera vez se estableció que el secreto no era la regla de la estructura administrativa y presupuestaria de la agencia de inteligencia central sino la excepción cuando determinadas cuestiones lo requirieran.

«La eliminación de este Registro hace imposible documentar buena parte de las tareas de inteligencia que se llevan adelante. Durante los diez meses que estuvo en vigencia, el sistema establecido por el decreto 1311/15 no se aplicó en todas las áreas de la AFI. Este nuevo decreto, en lugar de reforzar esa normativa y establecer reglas para que se adecuen las prácticas, la deroga «para agilizar la gestión»», dice el CELS.

Al mismo tiempo, el decreto 656/2016 deroga el Régimen Profesional del Personal y la estructura orgánica y funcional y delega su nueva conformación en el director nacional de la AFI. El nuevo Estatuto profesional retoma el Régimen anterior a la reforma de la ley.

Estas decisiones incumplen el compromiso asumido con las víctimas del atentado a la AMIA y su orientación implica que el sistema de inteligencia sostenga su capacidad de operar sin rendir cuentas. Si esta reforma se sostiene, el Poder Ejecutivo estará desandando un cambio normativo que podía condicionar las históricas prácticas discrecionales e irregulares de la agencia de inteligencia y volviendo a un esquema regulatorio que consolida el funcionamiento secreto que llevó a la crisis del sistema.