Por Alejandro Bercovich

La confirmación lapidaria de que “no hay plan B” de Marcos Peña a Alejandro Fantino blanqueó para el gran público lo que todo el sistema político ya sabía perfectamente: si hay un momento para cobrarle bien caro al macrismo su falta de quórum y mayoría propios en el Congreso es éste. Lo intuyeron un mes atrás el indiscreto Diego Bossio y la tropilla de diputados que abandonó con él el bloque del Frente para la Victoria, pero también los gobernadores e intendentes peronistas que buscan ganar autonomía financiera para los próximos cuatro años y hasta los gremialistas con bancas propias, que arrancaron al Gobierno presidencias de comisiones, incentivos para las industrias que emplean a sus afiliados y redituables puestos en el Ejecutivo como los de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). La pregunta que empieza a hacerse ahora el establishment es si los esfuerzos oficiales para lubricar el plan A, que recién se pondrá a prueba tras la ratificación parlamentaria del acuerdo con los fondos buitre, fructificarán en una salida de la estanflación antes de la señal de largada para la campaña legislativa del año próximo.

El plan tiene un solo pilar inamovible: salir a tomar deuda en el exterior, tanto para la Nación como para las provincias. No es casual que una columnista de Bloomberg Business haya escrito esta semana que “Wall Street manda en Argentina (de nuevo)” al enumerar la media docena de funcionarios de alto rango que se formaron en el cuartel general de JP Morgan sobre la Park Avenue neoyorquina, una lista encabezada por Alfonso Prat-Gay a la que se sumará desde abril el designado presidente de YPF, Miguel Gutiérrez.

Irónicamente, uno de los argumentos a los que apeló Juanjo Aranguren para deshacerse de Miguel Galuccio es que “sobreendeudó” la compañía para financiar la exploración de Vaca Muerta.

Hasta la asamblea de accionistas de abril, Galuccio se abocará a pelear una indemnización que no necesita, tras haber cobrado unos honorarios como presidente y CEO tan jugosos que siempre mantuvo bajo siete llaves y haber cerrado a la vez un negocio redondo con sus apuestas en los futuros de dólar por los que el juez Claudio Bonadío citó a indagatoria a Cristina Kirchner. En rigor, el Mago ya era multimillonario antes de que recomendara repatriarlo su coterráneo Sergio Urribarri, quien casi se cae de espaldas cuando vio corretear ciervos en el jardín de su mansión en las afueras de Londres, acaso el lugar más caro del mundo para tener un jardín.

Bicisendas financieras

El endeudamiento es la ganzúa con la que Macri pretende destrabar todos los conflictos heredados y abiertos en el arranque de su gestión. Por eso Prat-Gay no vio con buenos ojos que María Eugenia Vidal y Hernán Lacunza aceptaran pagar un 9,37% de interés anual por los u$s 1.240 millones que tomaron anteayer en el mercado, apurados para recaudar fondos antes de que la Nación inunde Wall Street con sus propios bonos. Es un rendimiento todavía muy alto frente al 5 ó 6% anual que aspiran a pagar los ex JP de Hacienda una vez sorteado el bloqueo buitre.

La preferencia por el crédito de mercado (vía bonos) no implica que el Gobierno vaya a resignar los préstamos bilaterales a los que apeló el kirchnerismo para llegar hasta el 10 de diciembre sin que la crisis le estallara en pleno rostro. Aranguren pidió mantener abierto ese grifo en la reunión con funcionarios chinos en la que se convino la continuidad de las obras del complejo hidroeléctrico santacruceño Kirchner-Cepernic, donde los socios asiáticos de Electroingeniería ya desembolsaron más de u$s 800 millones y cuya suspensión temporaria estuvo a punto de romper la relación bilateral. En reserva, con los mismos enviados, el exCEO de Shell acordó avanzar con los planes para levantar la cuarta y quinta centrales atómicas del país. Y en paralelo, con delegados rusos de la firma Rosatom, conversó sobre la posible construcción de una sexta. Todo un gesto de continuidad tercerista sobre el que probablemente pregunte Barack Obama al pisar Buenos Aires.

Para que todo avance, sin embargo, se impone antes la votación del acuerdo buitre. Más allá de la venia para tomar deuda que obtenga el Gobierno como parte de la ley ómnibus que deroga también el Cerrojo y el Pago Soberano, el plan de Prat-Gay para cerrar el año incluye emisiones de deuda por más de u$s 20.000 millones, a las que se sumarán al menos otros u$s 5.000 de provincias. Y para embellecer lo que el Financial Times definió como la mayor emisión de los últimos 20 años de un país emergente, Rogelio Frigerio les ofrece a los gobernadores coparticipar ese mejor perfil crediticio. Es un nuevo federalismo fiscal, que bien podría rebautizarse como financiero: parte de la coparticipación de impuestos, por ejemplo, les será devuelta a las provincias mediante una Letra que podrán canjear por dinero en bancos, según acordaron todos ayer con él, incluida Alicia Kirchner.

Lo que podría generar un cortocircuito inesperado entre la Nación y las provincias es la causa que tiene en vilo a Brasil y por la que condenaron a 19 años a uno de sus empresarios más poderosos, Marcelo Odebrecht. En Córdoba, el juecista Pablo Quinteros pidió a un fiscal que investigue el nexo de José Manuel de la Sota y Joâo Santana, el publicista del PT apresado también por el Lava Jato, cuya esposa declaró que su cuenta offshore había sido abierta justamente para cobrarle una campaña al cordobés. El caso tiene inquietos a varios gobernadores que participaron de los fideicomisos de Julio De Vido que quedaron bajo sospecha de haber formado parte de ese circuito de coimas y también a varios financistas, entre ellos un veterano que buscó cobijo en el directorio del Nación de la mano de Carlos Melconian tras haber abandonado uno de los bancos privados locales que más dinero aportó a los fideicomisos.

Recursos Humanos

Contra lo que aseguraron los ministros cada una de las pocas veces que alguien les preguntó por los más de 8.000 despidos que ya lleva ejecutados la Nación, el ajuste tiene un comando centralizado en el Ministerio de Modernización del ex SOCMA Andrés Ibarra y no respondió a una auditoría del personal de las distintas reparticiones sino a un esquema de “metas de desvinculación” donde cada área se comprometió a una determinada cantidad de bajas durante el primer trimestre de gobierno. Ibarra, fustigado esta semana puertas adentro de Cambiemos tras la inoportuna designación de su esposa Carla Piccolomini como directora en Radio y Televisión Argentina (RTA), cuenta con un “corresponsal” en cada ministerio para monitorear la marcha del plan. Son funcionarios de distinto rango pero que comparten esa función: Juan Carlos Pérez Colman (Ambiente), Claudia Bernardo (Agroindustria), Graciela Villata (Comunicaciones), Gustavo Muzlera (Cultura), José Parisi (Defensa), Rodrigo Sbarra (Producción), Gabriel Castelli (Desarrollo Social), Félix Lacroze (Educación), Guillermo García Eleisequi (Hacienda), Sebastián Scheimberg (Energía), Daniel Padin (Interior), Silvina Montemerlo (Justicia), Daniel Bosich (Salud), Martín Siracusa (Seguridad), Santiago Ricardes (Trabajo), Juan Manuel Gallo (Transporte) y Alejandro Schiavi (Turismo).

Cada uno de esos corresponsales tiene trato cotidiano con UPCN, el sindicato con el que negocia las listas de desvinculados, y procura mantener acotada en cada rincón del Estado la conflictividad que generan los despidos. La resistencia pierde aguante por casos como el de la encargada de prensa de La Cámpora, Sol Giles, quien no tuvo empacho en victimizarse por su eyección de un puesto jerárquico en la ESMA cuyas obligaciones cumplieron durante años otros empleados en su lugar, mientras ella se abocaba a su tarea militante rentada con dineros públicos.

Una pieza clave para ese ajuste de la nómina estatal es Carlos Lelio, quien acompañó a Macri en Sevel, en el Correo Argentino tras la concesión a SOCMA en 1997 y luego en Boca Juniors y el gobierno porteño. Durante enero, Lelio se dedicó a entrevistar encargados de personal de distintas compañías para incorporarlos a una futura dirección unificada de Recursos Humanos. No fue tan exhaustivo en la selección cuando, como director de Contrataciones del Ministerio de Educación porteño, conchabó al espía Ciro James.

Fuente: Diario BAE.