Por Manuel Garrido*

Superadas las dudas generadas por la originaria designación en comisión y la fuerte repercusión negativa de ese procedimiento, las cosas han vuelto al positivo cauce iniciado en 2003, cuando a propuesta de la iniciativa de la sociedad civil “Una Corte para la Democracia” tanto el Poder Ejecutivo como el Senado instauraron mecanismos públicos y participativos para la evaluación de los candidatos propuestos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La práctica desarrollada hasta el momento ha puesto una vara más exigente que la preexistente y ha servido como filtro para propuestas temerarias.

Sin embargo, el mecanismo puede aún mejorarse, capitalizando la experiencia acumulada.

En el caso de Rosatti, vimos un candidato que no fue mezquino en sus respuestas y expuso sus visiones con amplitud, excepto frente a preguntas muy puntuales de los senadores sobre casos que seguramente llegarán en breve a la Corte y que hubieran implicado un adelanto de opinión.

Sobre este punto, los senadores muchas veces utilizan sus intervenciones para marcar posición sobre temas de la agenda más que para tratar de averiguar las opiniones más generales y los criterios de interpretación de la Constitución que aplicará el candidato.

Es lógico que en ese espacio político los senadores traten de fijar criterio frente a los temas candentes, pero deberían combinarse ambas cuestiones.

Tampoco ha quedado claro cuál es el alcance de la función que corresponde al Senado, ya que al menos discursivamente los senadores manifiestan que su rol es el de evaluar la competencia técnica de los candidatos, silenciando el significado y el impacto político de la decisión que deben tomar.

La cuestión no es menor, ya que si bien no se trata de buscar afinidad ideológica –como manifestó el Senador Urtubeyal cerrar la sesión- lo cierto es que los senadores están modelando a futuro la forma en que se interpretará la Constitución, qué valores y criterios se privilegiarán y si se modificarán determinados estándares previamente delimitados por la Corte.

Esta falta de claridad se desprende de la falta de consideración y de preguntas sobre la actitud a seguirpor el candidato frente a esos pronunciamientos previos y en el caso particular de Rosatti de su afirmación de que será fiel a lo que escribió en sus libros, dejando en la penumbra la natural diferencia entre el papel del doctrinario y el del Juez de la Corte y dando a entender que cada juez es libre de rehacer la jurisprudencia desde cero a su antojo, algo que merecería una atención más minuciosa.

Lo confusión existente se advierte, por ejemplo, en el anticipo del voto afirmativo a las propuestas de los dos candidatos manifiestamente conservadores, hecho antes de las audiencias por el senador Solanas, representante del voto progresista.

Quizá haya contribuido a esos equívocos la existencia de casos de manifiesta falta de aptitud técnica, como el escandaloso caso de Daniel Reposo, propuesto en 2012 para ser Procurador General de la Nación.

Los senadores encubren también sus oscilaciones, lógicas negociaciones, conveniencias o disciplina partidaria bajo un cómodo discurso aséptico desde el punto de vista ideológico y circunscrito a un rol técnico. Sería deseable, sin embargo, más claridad en la opción política que implica votar afirmativamente o no por tal o cual candidato.

Las audiencias nos permiten intuir el sesgo de las decisiones que habrán de tomar los candidatos y su visión del papel que piensan cumplir.

Esto más allá de la obvia elusión de temas conflictivos que pueden restar votos necesarios para alcanzar los dos tercios y de la deferencia manifestada por el candidato a las decisiones del poder político y al rol limitado del control judicial, lo que bien puede ser una estrategia o una convicción cierta que solo se podrá comprobar si le llega el momento de sentenciar.

En el caso de Rosatti vimos a alguien con conocimiento del derecho y del Estado y sus problemas, equilibrado y con criterio y espalda para el cargo.

Sus respuestas en materia de derechos humanos, derecho al aborto legal, jerarquía de las normas, derechos sociales y legislación penal mostraron también a un candidato mucho más conservador que los jueces a los que reemplazaría.

Pensamos que este procedimiento debe consolidarse y aspiramos a que el Presidente Macri no lo elimine como hizo en la ciudad de Buenos Aires. Una buena señal fue la reacción de los senadores y de la política en general frente al pretendido nombramiento en comisión.

Es muy difícil consolidar prácticas virtuosas. Requiere tiempo y correcciones sobre la base de la experiencia. Esperamos que se continúe por la buena senda.

*Presidente de Innocence Project Argentina.