Sejas Rosales tras ser detenido en Bolivia.

Un empresario boliviano del transporte que está procesado por la Justicia de Salta en causas por narcotráfico y permanecía prófugo fue detenido en Santa Cruz de la Sierra, informaron hoy fuentes oficiales del país vecino.
Se trata de José Luis Sejas Rosales, quien fue apresado anoche en su vivienda tras ser rodeado por la Policí­a en un radio de al menos 15 domicilios del barrio Las Palmas, según explicó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
En conferencia de prensa, el funcionario afirmó que al verse cercado, Rosales «tuvo que salir para entregarse» en el marco de un operativo coordinado por el comandante nacional de la Policí­a, el general Edgar Téllez.
Por su parte, Sejas Rosales, que fue mostrado a la prensa esposado, dijo que no fue detenido sino que se entregó y responsabilizó a los conductores de sus camiones por la droga hallada.
«No son mis problemas, son netamente personales de los choferes», afirmó el empresario en un breve contacto con los periodistas.
En tanto, el ministro Romero cuestionó a un ex agente de inteligencia y actual periodista, Carlos Valverde, ya que difundió en redes sociales que lo iban a detener a él, lo cual generó que jóvenes salieran a las calles para evitar la supuesta aprehensión.
Según la Agencia Boliviana de Información (ABI), el ministro sostuvo que esas personas «agredieron a los efectivos policiales que realizaban el operativo correspondiente» y pusieron en peligro la captura del empresario prófugo.
Tras la detención, la justicia boliviana deberá ahora analizar la extradición a la Argentina, donde el transportista está procesado por «contrabando de estupefacientes y precursores quí­­micos doblemente agravado por el uso de documentación ideológicamente falsa y por la cantidad de personas que intervinieron».
Mientras tanto, estará detenido de manera preventiva en el penal boliviano de Palmasola.
El martes, el gobierno de Bolivia habí­a ordenado darle prioridad a la captura del empresario y habí­a solicitado a las fuerzas de seguridad incrementar los operativos para atraparlo.
Esto sucedió luego de que el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ordenó hace dos semanas la detención del empresario con fines de extradición a la Argentina.
Sejas Rosales habí­a sido apresado por última vez en su paí­s en septiembre, pero en diciembre salió de prisión para defenderse en libertad a raí­z de una denuncia por «legitimación de ganancias ilícitas» y «tráfico de sustancias controladas», planteadas por la fiscalí­a de Santa Cruz.
Sin embargo, durante este último mes no cumplió con sus presentaciones ante las autoridades judiciales como se habí­a comprometido a hacer, por lo que se presumía una fuga y se ordenó su captura nacional e internacional.
Sejas Rosales es el dueño de la empresa Creta, la cual posee una flota de camiones que trasladaban combustibles desde Bolivia hacia Argentina y antes de las denuncias trabajaba para la petrolera estatal boliviana YPFB.
En marzo de 2015, se hallaron en un camión cisterna de su propiedad 300 paquetes de marihuana provenientes de Paraguay y el 14 de mayo del mismo año se halló un cargamento de cocaí­na con papeles de control de aduana adulterados y camuflados en un contrato de prestación de servicios de traslado de alcohol.
En tanto, en la Argentina, el empresario habí­a sido detenido en abril de 2015 por el entonces juez federal de Orán Raúl Reynoso, actualmente suspendido en el cargo justamente por beneficiar a narcos, entre ellos a Sejas Rosales.
El empresario habí­a quedado preso tras detectarse en Salta el transporte de cocaí­­na diluida en casi 600 litros de un lí­­quido depositado en el tanque de combustible de un camión, aunque los investigadores creen que ingresó al país cerca de una tonelada de esa droga.
También se descubrió el tráfico de unos 35.000 litros de tolueno, precursor quí­­mico utilizado en las denominadas «cocinas» para convertir la pasta base en clorhidrato de cocaí­­na, en un proceso cuyo residuo es el «paco», una de las sustancias adictivas más nocivas consumidas en la Argentina.
Pocos dí­­as después de ese operativo, el juez Reynoso excarceló al empresario al considerarlo «partí­­cipe secundario» de la tentativa de contrabando, pese a que era dueño de los 90 camiones de la empresa y debió ser considerado «jefe» de la organización.
Por ese motivo, Reynoso fue acusado por el delito de cohecho y los fiscales federales Eduardo Villalba y Diego Iglesias dieron por acreditado que el magistrado habrí­a cobrado 350.000 dólares a cambio de liberar al transportista.