Un panorama complicado en cárceles del SPB.

Por Esteban Rodríguez Alzueta*

Hace algunos días la abogada Karina Matilde Valenti presentó un habeas corpus correctivo a favor de los presos alojados en la Unidad 37 en la localidad de Barker, partido de Tandil. ¿Las razones? Sobrepoblación, alimentación deficiente, condiciones de alojamiento inhumanas, falta de asistencia médica y psicológica adecuadas, peligro de incendio, zonas liberadas en la zona de visitas con armas blancas, no hay separación entre procesados y condenados en el alojamiento, obstáculos para cursar estudios, etc. Nada nuevo, otra postal del encierro en Argentina que se viene repitiendo desde hace, por lo menos, dos décadas.

El lunes nos enteramos que los internos alojados en el Pabellón 1° de esa Unidad se amotinaron. Causas no le faltaban. Estábamos advertidos desde hacía tiempo. Según pudimos averiguar los internos también denunciaron que las excarcelaciones para los internos con buena conducta se vienen demorando porque «no hay plata para los informes». Incluso, aquellos que se encuentran en condiciones de recuperar la libertad por tener sus penas cumplidas tampoco pueden acceder porque “los trámites se demoran”.

El motín amenaza con propagarse hacia otras unidades, porque en todas las unidades sucede más o menos lo mismo. Por eso, al día siguiente, se amotinaron los presos del Pabellón de conducta de la Unidad 13 de Junín, según pudimos ver en un video que circula por las redes sociales, porque el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) cortó el suministro de agua y luz, y estaba amenazando con imponer traslados repentinos, es decir, alejar a los presos de sus familiares, soporte afectivo y económico también. La noticia es muy confusa. Al mismo tiempo que la prensa local informaba que se habían desplegado más efectivo en la Unidad, al día siguiente las autoridades de ese penal salieron a desmentirlo. También lo hizo el fiscal del Departamento de Junín, Sergio Terrón, que se encontraba de turno, quien señaló que “no había sido notificado sobre ningún hecho anómalo en la unidad”. Por las dudas, tampoco se hizo presente para constatar los rumores que se propalaban a través de las redes y los familiares de los internos. Pero ya sabemos que los funcionarios judiciales son el mejor blindaje para los penitenciarios, más aún en plenas vacaciones.

Tal vez la palabra “motín” sea una palabra que le quede grande a los tumultos protagonizados por los presos. De hecho, no hubo ocupación de los establecimientos y tampoco toma de rehenes, que suelen ser prácticas que definen a los motines en Argentina. Sin embargo, eso no le quita mérito y no deberíamos pasarlos por alto. Al contrario, constituyen formas de protesta relativamente periódicas que ganan finalmente visibilidad en este escenario enrevesado.

Otro dato: una semana después el SPB continúa negando los hechos pero por las dudas trasladó a los protagonistas de la protesta de Barker y Junín, no se sabe todavía dónde, y le prohibió el ingreso a todas las cárceles a la abogada Valenti que presentó el habeas corpus que nunca contestó la justicia.

Estas protestasse producen en medio de la “emergencia carcelaria y penitenciaria” decretada por la gobernadora María Eugenia Vidal tras la “fuga” de los tres homicidas vinculados al tráfico de efedrina de la Unidad de Alvear. La crisis se llevó puesto no sólo a la jefa del SPB, Florencia Piermarini –quien había presentado su renuncia el miércoles 23 de diciembre, pero no se la aceptaron–; sino a la plana mayor del SPB.

También removió a los responsables de la Unidad 30 de General Alvear: el director, prefecto mayor Manuel Guevara, y al subdirector, prefecto Ariel Elichelibeti. El nuevo titular del SPB es el misógino Fernando Díaz, que ya había estado al frente del Servicio hasta la Masacre de Magdalena, un hombre que no tuvo escrúpulos a la hora de responder a las denuncias de tortura, diciendo que eran estrategias legales de los presos para obtener beneficios y que acumuló varias denuncias en su contra por sobrefacturación en la compra de alimentos para las unidades.

Además, la gobernadora nombró como nuevo subsecretario de Política Penitenciaria a Juan Baric, que reemplazará a la ex mano derecha de Ricardo Casal, César Albarracín. En otras palabras, con el descabezamiento el SPB es un tembladeral y cunde la incertidumbre.

Las tensiones en los penales a fin de año son una constante, pero esta vez parece que se van a prolongar. El SPB va a provechar estos “motines” o la amenaza de los motines para presentar sus demandas, y mostrar también los dientes a Vidal.

Por arriba, las primeras líneas no quieren dejarse pisar la alfombra; por abajo, los penitenciarios, la gran mayoría votantes entusiastas de Cambiemos, vienen reclamando desde hace tiempo un aumento salarial y no encuentran vías formales para presentar sus demandas. Recordemos que los sueldos de los penitenciarios son los más bajos de todos los empleados de la Provincia. No está dicha la última palabra. Más aún cuando el gobierno nacional dice tener nuevos planes para las cárceles argentinas. El conflicto recién empieza, pero como sucede en todos estos abyectos conflictos políticos, los muertos siempre los ponen los presos.

*Docente e investigador de la UNQ y la UNLP. Autor de Temor y control. Integrante de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional y el CIAJ, colectivo de derechos humanos de la ciudad de La Plata.