El juicio al ex presidente Carlos Menem y sus ex ministros de Economía, Domingo Cavallo; de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, y de Defensa, Oscar Camilión; la ex secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray, y otros cinco ex funcionarios acusados por el pago de sobresueldos entre 1989 y 1999 comenzó hoy en Comodoro Py. Ante el Tribunal Oral Federal N°4 integrado por Néstor Costabel, Oscar Bertuzzi y Patricia Mallo, interviene un equipo del Ministerio Público conformado por los fiscales Stella Maris Scandura, Juan Patricio García Elorrio, Diego Velasco y el fiscal ad-hoc Juan Manuel Gaset.

Son juzgados, además, los ex subsecretarios Raúl Castellini (Ordenamiento Ambiental), Heriberto Baeza González (Asuntos Militares), José Torzillo (Presupuesto y Administración del Ministerio de Defensa), Enrique Kaplan (Relaciones Jurisdiccionales de la Secretaría de Recursos Naturales) y José Coronel (coordinador del Ministerio de Justicia).

Tras la lectura de los requerimientos de elevación a juicio de la fiscalía y la Oficina Anticorrupción (OA), que interviene como querellante, el presidente del Tribunal declaró abierto el debate oral y público. La mayoría de las defensas plantearon una serie de cuestiones preliminares, entre ellas la nulidad de las piezas leídas, el sobreseimiento por prescripción en base al supuesto exceso para juzgar en un plazo razonable y dilaciones, y las de Cavallo y Baeza González por entender que se trata de una conducta ya juzgada. Estuvieron presentes todos los imputados a excepción de María Julia Alsogaray y Oscar Camilión, quienes se ausentaron por cuestiones de salud.

El juicio se reanudará el martes próximo a las 9:30, cuando la querella y el Ministerio Público Fiscal deberán contestar los planteos, y los jueces, resolverlos. Tras ello, comenzarían las indagatorias; la defensa de Menem adelantó que el senador no declarará, en tanto que Granillo Ocampo sí lo haría.

El ex presidente y sus funcionarios están acusados por el delito de peculado, que tiene penas de entre dos y diez años de prisión. La maniobra habría consistido en la implementación y ejecución de un sistema que posibilitó la sustracción de fondos públicos en forma periódica.

Fuente: Fiscales.