Murray es el coordinador del equipo.

Por Javier Sinay

El fiscal Juan Patricio Murray, nuevo coordinador designado por la procuradora Alejandra Gils Carbó en la UFI especial AMIA, tiene apenas 46 seguidores en su cuenta de Twitter (@murrayjuanp). Sus tweets están protegidos y sólo pueden ser leídos por las personas que él mismo autoriza. Sólo su presentación es pública: “Rosarino, abogado que cumple funciones de Fiscal. Con capacidad de asombro perdida, no de indignación”.

Hombre de bajo perfil, Murray es ahora quien dirige la fiscalía que encabezó Alberto Nisman durante diez años, y está acompañado por otros tres fiscales: Sabrina Namer, Roberto Salum y Patricio Sabadini. “Dos de ellos tienen experiencias en causas de lesa humanidad. Formamos un equipo adecuado por su integridad y valentía. Hay que dar una respuesta frente al atentado. No es una tarea sencilla”, dijo la procuradora Gils Carbó.

Murray es egresado de la Universidad Nacional de Rosario, ciudad donde se crió. La procuradora Gils Carbó también lo nombró antes como fiscal federal subrogante de San Nicolás, adonde trabajó hasta 2012 en la denuncia por la contaminación de Papel Prensa y en causas de terrorismo de Estado (acusó al ex comisario Luis A. Patti y se enfrentó con el juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo, de quien pidió la recusación; y trabajó en el expediente que se conoce como “megacausa Saint Amant II”, denunciando al ex teniente coronel Manuel Francisco Saint Amant). Antes, en 2008, Murray ordenó a la prefectura la liberación de la ruta 9, que estaba obstruida por un grupo de productores rurales que se manifestaba en contra de las retenciones al campo.

Desde 2012, este fiscal participó ad-hoc en causas por violaciones a derechos humanos y por narcotráfico en Rosario. En su ciudad natal pidió, en el marco de una investigación por drogas, una nueva detención del comisario Hugo Tognioli, ex jefe de la policía de Santa Fe, que ya había estado preso antes de que Murray se sumara al caso. No fue el primer choque que tuvo Murray con un policía; antes, el ex jefe policial de la Departamental de San Nicolás, José Ferrari, le dijo al sitio web La Noticia 1 que el fiscal –que lo había acusado de entregar pruebas judiciales a un canal de televisión– le ponía “una cruz a cada policía”.

Murray está vinculado a Justicia Legítima, la agrupación liderada por la procuradora Alejandra Gils Carbó (de la que firmó la primera solicitada), y es cercano al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Es amigo en Facebook de Cristina Fernández de Kirchner, 678, La Cámpora, Alicia Kirchner, Putos Peronistas, Movimiento Evita, Daniel Filmus, Aníbal Fernández, Agustín Rossi, “Chino” Navarro, Hebe de Bonafini, Estela de Carlotto, Unidos y Organizados, y otros referentes del kirchnerismo.

Namer trabajó en la Oficina Anticorrupción.

La fiscal Sabrina Namer es otra de las figuras designadas en la UFI AMIA. Egresada en 1996 de la Universidad de Buenos Aires y con un posgrado en Derecho Penal de la Universidad de Palermo, fue fiscal nacional de primera instancia y revistó en Investigaciones y Fraudes con el Estado en la Oficina Anticorrupción y también en el Ministerio de Justicia. Entre las causas resonantes donde trabajó, están la de Cromañón (ella era miembro de la Cámara del Crimen) y la de IBM-ANSES.

Namer dijo a Télam, en su primera semana de trabajo en la UFI AMIA, que la fiscalía tomará contacto con los familiares de las víctimas del atentado: “Son quienes pueden darnos un panorama más concreto”. Agregó que la investigación se abrirá a nuevas pistas (por ejemplo, la hipótesis que sitúa el origen del atentado en Siria) y, en diálogo con Radio Nacional Rock, aseguró: “Vamos a trabajar para llegar a la verdad. Después de veinte años es lógico que se pierda la expectativa. No puedo decir que ahora se vaya a saber la verdad, pero nos comprometemos a trabajar y escuchar a todos e ir procesando la información”.

Roberto Salum, oriundo de Reconquista (Santa Fe), fue fiscal federal ante el juzgado federal de primera instancia de Reconquista y docente de la Universidad Católica de Santa Fe. Investigó al comodoro Danilo Sambuelli, juzgado en Santa Fe como jefe de la represión ilegal en la ciudad de Reconquista durante el último gobierno de facto, y recibió un escrache por un grupo de familiares y allegados a los cuatro policías detenidos y acusados de torturar a Gustavo Fabián Cernadas y Ángel Luis Ramírez, en un allanamiento por drogas. La procuradora lo apoyó.

Salum es el segundo fiscal al que se refería Gils Carbó cuando dijo que dos de los elegidos para reemplazar a Nisman en la UFI AMIA tenían experiencias en causas de lesa humanidad. “Que tremenda va a ser esta noche para una abuela y un nieto, 37 años después”, tweeteó el fiscal, el 5 de agosto de 2014, emocionado por la aparición de Guido Ignacio Montoya Carlotto, el nieto de Estela de Carlotto. Allí, en su perfil de Twitter (@robysalum), el fiscal se autodescribe con sencillez: “Abogado – Fiscal Federal – Bostero… para qué más?”.

Patricio Sabadini, el último del equipo entrante en la UFI AMIA, fue fiscal federal de Resistencia, Chaco. Sabadini es el más joven del grupo: nació en 1981 y se recibió de abogado en 2003 en la Universidad de la Cuenca del Plata. En enero de 2008 fue como investigador visitante a la Universidad de Salamanca y entre febrero y marzo de 2010 realizó una estancia de investigación en el Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, en Freiburg im Bresgau (Alemania).

Desde noviembre de 2005, Sabadini trabajó como secretario letrado de la Cámara en lo Criminal de Charata (Chaco). Este fiscal tiene el respaldo de algunos nombres grandes: la presidenta Cristina Kirchner firmó uno de sus ascensos y el ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, escribió el prólogo de su antología “Estudios críticos del derecho penal moderno”, editado por Fabián Di Plácido. En ese trabajo, Sabadini compiló textos de varios autores sobre asuntos técnicos de derecho: el funcionalismo normativista, el derecho penal económico, el delito de blanqueo de capitales, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la criminalidad organizada, el control de constitucionalidad de las leyes penales, la tensión entre derecho natural y derecho positivo, y compensación de culpas y concurso culposo, entre otros.

“El atentado contra la AMIA fue un crimen contra la humanidad: hay familias que han perdido a sus hijos, madres, nietos, abuelos o padres. No puede haber más lugar para la impunidad”, dijo Sabadini al diario Norte, apenas fue designado como miembro del equipo de la UFI AMIA.