El Gobierno impulsa la desintegración de la ex SIDE.

Por Rafael Saralegui

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso para disolver la ex SIDE prevé también el traspaso de la Dirección de Observaciones Judiciales (la oficina que se encarga de pinchar teléfonos por orden de los jueces) a la órbita de la Procuración General de la Nación.

La oposición ya anunció su rechazo a tratar la iniciativa y varios de los legisladores que dijeron que sería terrible para la institucionalidad que las escuchas telefónicas pasaran a depender de Alejandra Gils Carbó. Ahora dependen directamente del Ejecutivo y así ocurre desde el retorno de la democracia, pero esto no parece horrizarlos tanto.

En la Procuración se enteraron por la televisión del traspaso y aunque sostienen que la medida tiene lógica con la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal, tienen sus resquemores por recibir al personal de la ex SIDE que realiza actualmente esas tareas.

De todos modos, no es un tema cerrado, ni mucho menos. Quienes han manifestado públicamente su interés en hacerse cargo de las escuchas son los procuradores fiscales de todas las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. Y así se lo hicieron saber a los legisladores.

El pedido fue realizado por los presidentes del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerio Públicos de la República Argentina, Alejandro Ficoseco y Eduardo Quattropani, a través de una nota enviada a todos los presidente de bloque del Senado y al titular de la cartera de Justicia, Julio Alak.

Propusieron que “en las causas de competencia de la Justicia Federal o Nacional, las intervenciones telefónicas sean practicadas conforme los recaudos previstos por la legislación procesal penal, por un organismo técnico pertinente, dirigido y supervisado por el Ministerio Público Fiscal de la Nación”.

Y que “en causas de competencias de las justicias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las intervenciones telefónicas sean practicadas conforme los recaudos previstos por las respectivas legislaciones procesales, mediante organismos técnicos provinciales supervisados por los Ministerios Públicos Fiscales” locales.

Uno de los principales promotores de la iniciativa es el Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, el macrista Martín Ocampo, quien afirmó que “es un exceso otorgarle competencias a la Procuración General de la Nación para que administre las escuchas que ordena la procuración de cada provincia”.

El planteo no carece de lógica y se funda en la autonomía que tiene el Poder Judicial en cada provincia, muchas de las cuales ya tienen en marcha sistemas acusatorios donde son los fiscales los responsables de llevar adelante las investigaciones penales.

El debate parece centrarse en el corto plazo y es un error. Sacar las escuchas del ámbito del Poder Ejecutivo debería ser como mínimo el comienzo. Hay quienes sugieren que pasen al Poder Judicial, pero esa iniciativa choca con el nuevo Código Procesal, que entrará en vigencia en los próximos meses. Y regirá por mucho tiempo.