Gabriela Vázquez tiene decidido avanzar con el nuevo fuero.

El Gobierno tiene decidido poner en marcha, apenas termine la feria judicial de enero, la apertura de los concursos para poner en funciones el nuevo fuero de defensa del consumidor.

Se decidió en el último plenario del Consejo de la Magistratura a pedido de la jueza Gabriela Vázquez, su presidenta, que ha demostrado un alineamiento casi total con los deseos de Olivos.

Ese fuero es el terror para las grandes empresas prestadoras de servicios, especialmente las compañías energéticas y las telefónicas. En las intimidades del primer piso de Balcarce 50 se cuenta que su puesta en funciones obedece a que habría llegado el dato de una supuesta promesa de Daniel Scioli a empresarios, que en caso de ser presidente esa iniciativa que votó el Congreso quedaría desactivada.

Es lo mismo que sucediera con la puesta en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial que ahora regirá a partir de agosto de 2015 luego de que tanto Mauricio Macri como Sergio Massa prometieran en distintos besamanos la derogación del mismo apenas lleguen a la presidencia, aún a costa de recurrir a decretos de necesidad y urgencia.

En las centrales empresarias nucleadas en el llamado Grupo de los Seis la novedad cayó como un baldazo de agua fría porque a ese fuero le auguraban el mismo destino que a la ley de abstecimiento que se votó pero cuya reglamentación quedo en suspenso total.

El rechazo total a la nueva jurisdicción se lo plantearon al propio Ricardo Lorenzetti en una reunión en la Bolsa de Comercio organizada en octubre. En esa ocasión lo volvieron a tentar con apoyos para proyectos políticos que el magistrado declinó.

Lorenzetti se retiró esa tarde la Bolsa con la promesa de estar atento al futuro judicial de las leyes de abastecimiento que ya fueron impugnadas por el estudio Cassagne en el fuero Civil y Comercial. La primera instancia rechazó tratar el caso y ahora el tema pasó a la Cámara.

El nuevo fuero cuenta con ocho juzgados de primera instancia y una Cámara con dos salas. En la City ya se menciona que las telefónicas han mantenido reuniones con sus estudios de abogados a fin de promover que desde los mismos se impulsen candidatos a estos despachos que puedan ser más indulgentes con las empresas y menos permeables a los consumidores.

De ser así, aún a modo parcial, volverán a quedar en evidencia los profundos vínculos entre Telefónica y el kirchnerimo que trascienden los vericuetos de la Ley de Medios.