Por Javier Sinay

El total de asesinados por las fuerzas de seguridad del Estado entre 2003 y 2014 es de 2.710 personas, cifra que representa el 63,35% del total de 4.278 muertes a manos de policías, gendarmes y otros uniformados desde el retorno de la democracia en diciembre de 1983.

Así lo demuestra el “Informe de la situación represiva” de la Coordinadora contra la represión policial e institucional (CORREPI), presentado hace pocos días del mismo modo en que viene haciéndolo y agregando casos con nombre y apellido en cada año, desde 1996. De esta cifra, 261 casos deben cargarse a la cuenta del año que está terminando. “Es un incremento muy fuerte”, considera la fundadora de CORREPI y abogada María del Carmen Verdú.

Para trabajar sobre el archivo de hechos, CORREPI incluye –según explica en el mismo Informe– “todo caso que implique la aplicación de política represiva estatal y la utilización de los recursos del aparato estatal, cuyo resultado sea la muerte de la víctima”. Respecto de los victimarios, “incluimos todo caso en que los responsables sean miembros de las agencias represivas del estado: Policía Federal, policías provinciales, Policía Metropolitana, Gendarmería, Prefectura, Servicio Penitenciario, seguridad privada, grupos de choque tercerizados y fuerzas armadas”.

A los fines estadísticos, se desagregan las modalidades en gatillo fácil o fusilamientos; muertes de personas detenidas; fusilamientos en movilizaciones u otras protestas; muertes intrafuerza o intrafamiliares (“donde el autor utiliza, para resolver un conflicto interno o familiar, los recursos represivos que le provee el estado”); causas fraguadas, o consecuencia de otros delitos y otras circunstancias.

“Nuestro Archivo no es un pulido y perfecto trabajo estadístico por muchos motivos”, dice Verdú. “El fundamental es que, a pesar de que perfeccionamos cada año los mecanismos de búsqueda y procesamiento de datos, la invisibilización de los episodios represivos hace que no lleguemos a conocer muchos casos. Hay provincias enteras de las que sólo contamos, como fuente, con lo poco que trasciende en los medios de comunicación a nuestro alcance”.

Desde CORREPI explican que es imposible calcular la cifra del gatillo fácil y de las muertes en cárceles y comisarías o por tortura. “Sólo podemos afirmar que permanentemente incorporamos, además de los casos ocurridos en el año en curso, otros de años anteriores, comprobando que muchos homicidios perpetrados desde el Estado no trascienden siquiera en esta humilde base de datos”. Según Verdú, el objetivo del Archivo, de su permanente actualización y de su presentación pública cada año, es “aportar al análisis de la situación que vive nuestro país, contribuyendo a formar conciencia popular sobre la represión cotidiana como política de Estado”.

El Informe no presenta demasiados detalles sobre lo ocurrido en 2014; antes bien, lo que pasó en los últimos doce meses se agrega a lo que viene ocurriendo desde el retorno de la democracia. El Informe es ambicioso y general, y da un marco sobre los excesos mortales de las fuerzas de seguridad bajo la democracia.

De esta manera un gráfico que muestra la cantidad de casos registrados en el Archivo de CORREPI por año destaca 2001, 2009 y 2010 por la cantidad de hechos. “No puede dejar de relacionarse ese dato con la necesidad gubernamental de mayor represión en épocas de crisis”, dice Verdú. “En el mismo sentido se debe interpretar el salto cuantitativo ocurrido entre 1998 y 1999, y luego al 2000”, se lee en el Informe. “Desde entonces, salvo 2003, año que reviste particular dificultad para el rastreo de datos, la cifra anual nunca bajó de las dos centenas”.

El Informe sostiene que 51% de las víctimas fueron personas de 25 años o menos. Si se suman los menores de 35, se llega al 77% del total. Al mismo tiempo, el territorio donde ocurren mayores casos es la provincia de Buenos Aires, que se lleva el 45% del total, seguida por Santa Fe, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires y Mendoza.

“Párrafo aparte merece la cantidad de muertes en la represión a manifestaciones, movilizaciones y reclamos por trabajo, vivienda”, se lee en el Informe. Desde 1995, se registran 69: el único gobierno que se cobró más víctimas que el actual en la represión a movilizaciones fue el de la Alianza, entre diciembre de 1999 y diciembre de 2001, con un total de 45, de los cuales 39 cayeron el 19 y el 20 de diciembre o murieron por la heridas recibidas. Durante la presidencia de Néstor Kirchner hubo dos asesinatos en manifestaciones y durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, 18.