La Cámara de Senadores de la Provincia aprobó el proyecto de ley para la creación de Fiscalías Especializadas en Violencia Institucional. La iniciativa fue elaborada por la legisladora de Nuevo Encuentro Mónica Macha y prevé la creación una herramienta que permitirá avanzar en la lucha contra la impunidad de la violencia ejercida por agentes estatales sobre grupos vulnerables en la Provincia de Buenos Aires.

«El proyecto que hoy aprobó el Senado es el resultado de un trabajo colectivo y participativo con instituciones y organizaciones de Derechos Humanos que aportaron su mirada y experiencia. Hemos trabajado intensamente con el CELS, con la Comisión Provincial por la Memoria, con abogados especialistas en violencia institucional, con fiscales, con familiares de víctimas, con funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial», explicó Macha.

«La Violencia Institucional está enquistada como práctica en nuestras fuerzas de seguridad», aseguró la legisladora kirchnerista. «Esas prácticas son posibles porque no se investigan, porque nadie es encontrado culpable, porque nadie es sancionado. El Poder Judicial es tan responsable de la violencia institucional como los agentes que la ejecutan. Se trata de delitos graves contra las personas ejercidos por trabajadores y funcionarios del Estado», agregó.

La senadora por Nuevo Encuentro explicó que «se conoce el hostigamiento, las detenciones ilegales, el maltrato, el gatillo fácil, y la tortura en sus múltiples formas, en contextos de encierro y fuera de ellos. Y también sabemos perfectamente que estos hechos en la mayoría de los casos no se investigan y quedan impunes».

En ese sentido, Macha destacó que «este proyecto expresa nuestra responsabilidad como parte del Estado de avanzar con marcos regulatorios y herramientas concretas para la lucha contra la Violencia Institucional». Por último, la legisladora sabbatellista remarcó que «las prácticas persistentes de la violencia institucional son un legado de la dictadura. No es solo una deuda de nuestra democracia sino una grieta profunda en nuestro Estado de Derecho».

Según el Informe anual 2013 del Comité contra la Tortura “durante 2012 el Sistema Integrado del Ministerio Público (SIMP) registró el inicio de 3.113 causas judiciales asociadas a la Resolución 1.390 en los 18 departamentos judiciales [causas que son referidas a denuncias que involucran a funcionarios públicos, y que en su gran mayoría aluden a miembros de las fuerzas de seguridad]».

«Ello arroja un promedio de 259 denuncias por mes, es decir, casi 9 denuncias por día. Y cabe destacar, por supuesto, que los hechos ´denunciados´ son apenas una muestra muy pequeña de los actos violentos o ilegales que son cometidos por las fuerzas de seguridad contra la ciudadanía. Ya sea por la naturalización de las víctimas o el sentimiento de desconfianza sobre la Justicia en términos del arribo a una sanción para los torturadores, estos hechos exhiben una ´cifra negra´ elevada, además de las falencias de registro del SIMP”, destaca el informe 2013 del Comité contra la Tortura.