La Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento de la ex titular de Ammar-Capital Claudia Brizuela, como “partícipe necesaria” de una banda criminal dedicada a la trata y explotación sexual de mujeres en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, que contaba con protección policial, informa el diario Página 12.

Según la imputación, la dirigente sindical –que defiende la prostitución como trabajo sexual– le ofrecía una pantalla de legalidad a la red a través de la afiliación de las víctimas a Ammar-Capital, una agrupación que está adherida a la filial porteña de la CTA que lidera Pablo Micheli.

«La organización delictiva regenteaba dos burdeles en la ciudad de Buenos Aires y otros siete en la localidad bonaerense de San Miguel –que funcionaban en “privados–, de donde fueron rescatadas el año pasado unas 31 mujeres. Varias escuchas telefónicas incorporadas a la causa comprometen seriamente a Brizuela. La red obligaba a las mujeres a hacer turnos de 12, 24 y 36 horas seguidas y llegaban a realizar hasta 18 “pases” por día», dice el diario.

Las mujeres eran amenazas con quemarlas con ácido si no atendían a todos los hombres que les imponían, según surge del expediente judicial. Y las hacían practicar simulacros de allanamiento para que dijeran que “trabajaban por su cuenta en cooperativas”, si llegaban fuerzas de seguridad al lugar.

En la resolución que confirmó su procesamiento, la Sala II de la Cámara Federal de San Martín destacó que Brizuela hizo un “aporte esencial dentro del concierto criminal”. En la causa, que llevó adelante en un primer momento el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo, hay otras 18 personas procesadas, entre ellas el jefe de la comisaría de San Miguel y otros dos policías, que advertían sobre la inminencia de allanamientos a los regentes de los prostíbulos y por ese “servicio” cobraban coimas. Lijo se declaró luego incompetente porque los casos de trata ocurrieron en prostíbulos del conurbano y el expediente pasó a la Justicia Federal provincial.

A Brizuela se le imputa ser “partícipe necesaria, en orden al delito de trata de personas en 31 oportunidades, agravado por haberse aprovechado de la situación de vulnerabilidad de las víctimas –una de ellas embarazada y que fue obligada a abortar–, porque fueron más de tres y se consumó la explotación con la participación de más de tres personas imputadas”.

Lijo acusó a Brizuela de gestionar la tramitación de documentos a mujeres extranjeras sometidas en los burdeles que tenía la red en San Miguel y de proporcionarles carnets de Ammar-Capital, que llevan su firma, por los cuales se les habría retenido 100 pesos mensuales cuando la cuota sindical era, en realidad, de 5 pesos. Para el juez, la sindicalización se utilizaba como pantalla para disimular la trata de personas en el ejercicio libre e independiente de la prostitución. En pos de ese objetivo, “se colocaron en cada uno de los prostíbulos varios carteles de esta asociación y se repartieron folletos, todos secuestrados durante los allanamientos ordenados en la causa”, señaló el magistrado en el auto de procesamiento.La Cámara Federal de San Martín confirmó las imputaciones. “En definitiva, la causante (Brizuela) tenía estrecha vinculación con miembros de la organización criminal y, a primera vista, participaría en la obtención de réditos económicos obtenidos a partir de los aportes que se obtenían de las víctimas”, dice la resolución del Tribunal.