El miércoles pasado el juez federal Claudio Bonadio organizó una cena para conmemorar los 20 años de su juzgado. Asistieron abogados, fiscales y jueces. Hubo música hasta altas horas y en medio de unos buenos tintos el juez se permitió la infidencia de confirmar que esa tarde su secretaria ya le había preparado el procesamiento del vicepresidente Amado Boudou por las supuestas irregularidades en la adquisición de un automóvil.
La metodología es la misma que la de su colega Ariel Lijo: el procesamiento del vicepresidente estará escrito para cuando el vice acuda este miércoles al cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py.
A diferencia de su colega, Bonadio tiene llegada a distintos actores de la política y sabe, por ejemplo, que el pasado viernes hubo una reunión en el despacho de Miguel Pichetto en la cual un grupo de senadores K le pidieron suspender todas las sesiones que el vice deba presidir hasta por lo menos fines de septiembre, cuando comience a discutirse el presupuesto 2015. Eso fue música para los oídos de Bonadio.
En el expediente de la compra del auto Boudou está complicado por las explicaciones contradictorias que dio sobre el origen del mismo. Declaró ante la Oficina Anticorrupción que el Honda Civic lo adquirió el 1º de julio de 1992. Pero Bonadio averiguó que el vehículo ingresó al país en agosto de 1992, por lo que no podría haber estado en propiedad del vice un mes antes de esa fecha.
El importador nacionalizó el coche ese año, y lo vendió a otro hombre de la localidad de Moreno. Ese comprador revendió la unidad en 2003, por lo que Boudou recién habría adquirido el vehículo ese año.
El juez piensa que Boudou mintió sobre la fecha de la compra del vehículo para evitar dividir el valor del auto usado como bien ganancial luego de su divorcio, en 1998 dado que en 1992 todavía era soltero.
Lo decisivo del caso será si Bonadio está en condiciones de probar esta maniobra en forma certera. La Cámara Federal le revoca cada vez más procesamientos por el bajo nivel técnico que estos exhiben. El juez y su personal tienen mala fama en ambas salas de la Cámara y más aún desde que Martín Irúruzun tiene un sumario en su despacho contra un oficial del juzgado que tendría como divertimento apuntarle a sus compañeros con armas de fuego cargadas.