“Es hora de que esta sala ponga punto final a esta situación que tiene la causa paralizada, sin actividad investigativa hace seis meses, en uno de los casos más graves de corrupción de los últimos años”, reclamó ayerl el abogado Maximiliano Medina, del Centro de Estudios Legales y Sociales, en una audiencia ante la Cámara de Apelaciones.

Durante la audiencia en la Cámara Federal se discutió el destino y la competencia del expediente donde fueron imputados tres jueces de la Cámara de Casación Penal, por su presunta intervención en una maniobra de sobornos destinada a dar impunidad al dirigente ferroviario José Pedraza, cuando se avecinaba su detención por el homicidio de Mariano Ferreyra.

Medina representa a la querella de la mamá del militante del Partido Obrero asesinado en octubre de 2010 y denunció “una resistencia estructural en el Poder Judicial para investigar a sus propios miembros”, que se tradujo en al menos 14 jueces que se excusaron de intervenir por tener alguna vinculación, desde la más cercana hasta la más remota, con alguno de sus colegas involucrados.

El juicio por el asesinato de Ferreyra tuvo condenas hace más de un año (Pedraza y sus hombres siguen presos), pero el expediente de los sobornos, abierto muy poco después, entró en un embudo al momento de investigar a los jueces de Casación que aparecían implicados en una reveladora serie de escuchas telefónicas.

Allí, Pedraza aparecía planificando la aparente coima con un ex agente de la SIDE, Juan José Riquelme, éste con un abogado y ex secretario de Casación, Octavio Aráoz de Lamadrid, y con el contador de la Unión Ferroviaria, Angel Stafforini. Todos fueron procesados en 2012, igual que un secretario de Casación que se ocupaba de los sorteos.

Pero en las escuchas surgía que Riquelme también hablaba con el juez de Casación Eduardo Riggi y se hacían menciones sobre Gustavo Mitchell y Mariano González Palazzo. El objetivo aparente era que la causa quedara radicada en la sala de Riggi.

Desde que Rodríguez fue ascendido a juez federal, ninguno de los jueces que lo reemplazaron aceptó avanzar con la causa; otra decena de jueces se excusó. El último juez que intervino se declaró incompetente y dijo que era un caso federal.

Eso era lo que se discutía ayer en Cámara después de más de tres años, aunque ya se debatió y descartó dos veces con anterioridad. Tanto la fiscalía como el CELS insistieron en que la competencia es de la Justicia común, no federal. Los camaristas Julio Lucini, Mario Filozof y Ricardo Pinto deben tomar una decisión.