El Gobierno le aceptó la renuncia al juez Diego Sánchez, integrante de la Sala D de la Cámara Civil, quien había sido denunciado por sus colegas Patricia Barbieri y Ana María Brilla de Serrat, con quienes mantenía un histórico enfrentamiento. La situación en la sala era insostenible, ya que el juez ni se hablaba con sus colegas de sala, sino que además les brindaba un trato indecoroso hasta en los escritos, donde les profería insultos y agravios. Se pone fin a una situación de pocos antecedentes en el recoleto mundo de la Justicia.