El almuerzo en la Casa Rosada.

La invitación llegó a cada una de las vocalías de la Corte Suprema de Justicia unas tres semanas atrás. Por encargo del ministro de Justicia, se invitaba a cada uno de los integrantes del máximo tribunal a un almuerzo el martes 6 de noviembre en la Casa Rosada con el presidente Mauricio Macri, luego del cambio de la presidencia en la cabeza del Poder Judicial y la asunción de Carlos Rosenkrantz.

Era una invitación al pleno. Junto a Macri estarían el ministro del área, Germán Garavano, gestor del encuentro, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los operadores judiciales del Presidente: José Torello (jefe de asesores del Presidente) y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón (diputado por el Parlasur).

Cuentan fuentes del Palacio de Justicia, que Horacio Rosatti, que ingresó en la Corte junto con Rosenkrantz, consultó con sus colegas más antiguos, como Juan Carlos Maqueda, si había antecedentes de un encuentro de estas características como al que se convocaba en la Casa Rosada. No se trataba de un acto protocolar o público. La invitación era a un almuerzo a puertas cerradas.

No hubo que hacer mucha memoria. Nadie recordaba una reunión del pleno de la Corte con el titular del Poder Ejecutivo en los últimos 20 años. Se mencionaba la sesión de apertura del Congreso, cada 1° de marzo, a la que concurren todos los supremos, o la presentación en su momento del nuevo Código Civil o más recientemente el homenaje que se le realizó a Raúl Alfonsín el 29 de octubre en la Casa Rosada por los 35 años de la victoria que lo llevó a la presidencia. Macri encabezó el homenaje y apertura de la muestra a la que asistieron buena cantidad de dirigentes radicales y todos los jueces de la Corte. Pero nada parecido a la invitación al almuerzo privado.

Por eso en el acuerdo del martes último se resolvió que sólo concurrieran a la Casa de Gobierno Rosenkrantz y la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco, una representación de tipo institucional. Otro de los argumentos que se expuso en la Corte para rechazar el convite es la acordada 7 de 2004, que estipula que si una parte de un litigio pide reunirse con los jueces la otra parte debe estar presente. Fue una forma de frenar lo que antes se llamaba “alegato de oreja” y hoy se conoce como lobby.

Es que el Gobierno es parte en un litigio que tiene una enorme importancia en el campo económico, más aún si se considera el anunciado objetivo de la actual administración de llegar al déficit cero de las cuentas públicas a partir del año próximo. La Corte debe resolver los planteos que se llevaron adelante contra el nuevo índice de actualización de las jubilaciones. El trío que no fue al almuerzo -Rosatti, Maqueda y el desplazado ex presidente Ricardo Lorenzetti- tiene la idea de sacar un fallo sobre el tema antes de fin de año. Y se espera que resulte favorable a los reclamos de los jubilados.

“En el acuerdo de ayer, relataron allegados a la Corte, Rosenkrantz se mostró reacio a avanzar por el impacto económico que tendría. En la Corte hay 7000 causas y en todas las instancias 150.000. Sus colegas le retrucaron con análisis que demuestran que la devaluación aliviana los costos. Con tres votos, ya pueden sacar un fallo”, precisó al respecto la colega Irina Hauser en Página 12.

En el mismo diario, se sostuvo que ayer se votó otro caso tampoco favorable al Gobierno. Se trata de una demanda de la provincia de La Pampa por fondos coparticipables, que llevó las firmas de los jueces que no fueron al almuerzo. Son unos 3 mil millones de pesos más intereses que le corresponden a la provincia.

El reclamo fue similar al que se resolvió en 2015 en los pleitos presentados por las provincias de Santa Fe, Córdoba y San Luis. Rosenkrantz se excusó de votar por decoro. Su estudio había representado a la provincia de Santa Fe. Highton directamente no firmó. En la Corte aclararon que fue el mismo Rosenkrantz quien el viernes último propuso tratar esa cuestión en el último acuerdo del martes, apenas un rato antes del almuerzo.