Las polémicas Taser.

Por Javier Sinay

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires le dio el visto bueno semanas atrás al gobierno de Mauricio Macri para que la Policía Metropolitana utilice pistolas eléctricas Taser, pero el debate continúa. El Observatorio de Derechos Humanos, con el patrocinio de la Defensoría General de la Ciudad, presentó un recurso para evitar que las pistolas lleguen a manos de los policías. Ahora el Tribunal Superior de Justicia debe decidir si autoriza que la Corte Suprema de la Nación decida sobre el tema. Aunque, en caso de no hacerlo, el Observatorio puede presentar un recurso de queja en la Corte, como vía alternativa.

“Ninguna tecnología debe utilizarse porque esté de moda”, dice el sociólogo Andrés Pérez Esquivel, miembro de la Asociación Pensamiento Penal y de la Red Latinoamericana de Estudios de Vigilancia Tecnología y Sociedad (LAVITS). “¿Cuál es la necesidad para usar pistolas Taser? Un motivo podría ser que los policías disparan mal sus armas de fuego o que gatillan fácil y por eso el propio gobierno no confía en ellos, y les da pistolas menos dañinas. Otro motivo, que suele presentarse en los países donde se usan, es que son armas que pueden llegar a tener utilidad en lugares donde hay mucha gente”.

En 2010, el Observatorio de Derechos Humanos presentó un amparo contra el Gobierno de la Ciudad para que se impidiera la utilización de las Taser X26, “por consistir en un elemento de tortura”. En Estados Unidos, este tipo de armas causó unas 600 muertes en los últimos 14 años. Dos fallos judiciales favorables, en primera y segunda instancia, apoyaron el recurso. Pero ahora el Tribunal Superior de Justicia autorizó el uso de las Taser X26. “La Metropolitana no puede usar estas armas por nuestra historia en la Argentina, pero sobre todo porque es una cuestión de legalidad: nuestra Constitución y los tratados internacionales que forman el derecho positivo en la Argentina prohíben la violación a los derechos a la vida, a la salud y a la integridad física y hemos probado que las Taser generan daño a estos derechos”, dijo Demián Konfino, abogado del Observatorio, en la presentación del nuevo amparo, que fue firmado por el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Carlos Pisoni.

“La Policía Metropolitana no mostró estudios pertinentes ni necesidades que abalen el uso de las pistolas Taser”, sigue Pérez Esquivel. Pero hay otro elemento que echa duda sobre el interés y la insistencia del gobierno de Mauricio Macri para usar pistolas eléctricas. “Económicamente, el tema no cierra”, dice Pérez Esquivel. “Estas son armas importadas, que se pagan en alrededor de 150 dólares o 850 pesos cada una, y la Policía Metropolitana ha hecho compras polémicas, como las armas de fuego Beretta PX4 Storm, que fueron pagadas a precio minorista, en 1100 euros, mientras que el gobierno de la Nación las adquirió en 300 euros, a precio mayorista, a la misma empresa: Trompia”. Pérez Esquivel explica que hay “millones de euros en sobreprecio, y por eso Guillermo Montenegro [ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires] tiene hoy dos demandas penales”.

En cuanto a su seguridad, Maximiliano Bucello, el representante de Taser en la Argentina, dijo en Infobae que la X26 tiene un protocolo de uso. “Ese protocolo indica cuándo y con qué riesgo se debe usar. Hay una escala basada en la agresión que el oficial reciba, que indica cuándo se puede responder. El Taser es el escalón previo al uso de arma de fuego. Es una alternativa más que el oficial de seguridad tiene, previo al uso de arma de fuego”. “Si bien tienen cámaras incorporadas y registros de uso”, retoma Pérez Esquivel, “las imágenes pueden ser sobregrabadas”.

En la conferencia de prensa en la que se presentó el nuevo amparo, acompañaron al Observatorio de Derechos Humanos varios grupos contrarios al uso de las Taser: Amnistía Internacional, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), UTE-Ctera, H.I.J.O.S, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos (Codesedh). En la presentación se recordó que el Comité contra la Tortura de la ONU declaró en 2007 que el uso de este tipo de pistolas constituye una forma de tortura. En cambio, para Bucello, el representasnte de Taser en Argentina, “si hay alguien que agrede, no hay que poner en riesgo la salud del oficial ni la del agresor y con esto se puede solucionar el problema”.

“Las Taser son armas letales, a fin de cuentas”, dice Pérez Esquivel. “Y es difícil pensar en una policía moderna, profesional y democrática, como Macri presenta a la Metropolitana, en estas condiciones. El tema es una combinación de intereses económicos y de una vocación poco democrática”.